Como parte de los signos de los tiempos, la presidenta de la Cámara de Diputados tuvo un exabrupto que puede ser incluido en el registro de sus muy pocas declaraciones pertinentes: “se trata de una payasada”, refiriéndose a la invitación que le hiciera el diputado Rafael Quispe para conformar un binomio y presentarse en las primarias del MAS.

Es que este proceso electoral se va convirtiendo, precisamente, en una payasada que todos tenemos que presenciar, con vergüenza, por el afán prorroguista del MAS.

Vayamos por partes. Con buen tino, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) incluyó en su propuesta de Ley de Partidos Políticos la realización de elecciones primarias dentro los partidos legalmente inscritos para elegir el binomio presidencial que compita en las elecciones generales, y como se trata de una cuestión muy compleja, propuso que éstas se realicen recién para las elecciones de 2025. Pero, una vez llegado el proyecto a la Asamblea Legislativa, el MAS decidió modificar la propuesta de fecha (e incluir otros cambios con el propósito de asegurar la postulación de, al parecer, sus únicos líderes) y obligar a que las primarias se realicen para las elecciones generales de 2019. De esa manera, crearon el escenario que ha convertido las elecciones primarias en una payasada.

Lanzada la trampa, los partidos de oposición de verdad (porque hay algunos que, como claramente se percibe, son subsidiarios del MAS) tuvieron que vencer muchas dificultades para cumplir los requisitos exigidos y los plazos establecidos. Pero, el apresuramiento ha hecho que, por un lado, se constate que los registros en el OEP de militantes de los partidos son pésimos y no ofrecen ninguna garantía y, por el otro, que los partidos y alianzas reconocidos inscriban para las “elecciones” primarias un solo binomio; es decir, no habrá competencia electoral, echándose por la borda todos los argumentos de orden democrático que justificaban su inclusión en la ley de partidos.

Es decir, las elecciones primarias terminarán siendo una especie de rifa sin blancas, como las que se realizan en verbenas comunales.

Esto ha sido así porque, además, con presiones y abiertas amenazas de las autoridades de gobierno, se quiere utilizar la nueva ley de partidos para dar un barniz de legitimidad a la nueva postulación del Presidente y del Vicepresidente del Estado, la que por mandato constitucional y el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 está expresamente prohibida. Pese e ello, quieren hacerlo sobre la base de una forzada sentencia constitucional (probablemente elaborada en las oficinas de alguna repartición gubernamental) que sería reforzada por el triunfo interno del inconstitucional binomio Morales-García en las primarias del MAS. Para mayor payasada, no sólo se ha presentado todo este entuerto de grosera chicana, sino que no se ha autorizado la inscripción de otro binomio (la del diputado Quispe), que sería lo ideal.

Así, hay ocho binomios legales que serán ratificados en las elecciones primarias (cuya realización, hay que insistir, es innecesaria porque hay un binomio por partido), y uno, el del MAS, cuya inscripción en el Órgano Electoral ya viola la Constitución Política del Estado, pues ésta lo prohíbe. Por ello, ha comenzado, a vistas de toda la ciudadanía, el proceso de golpe de Estado digitado por ese partido y las autoridades de gobierno, que podría ser revertido si los vocales del Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo el juramento que han hecho al ser posesionados como tales, anulan esa candidatura.

El próximo 8 de diciembre sabremos, pues, si continuará el show, que puede terminar en tragedia, o se comenzará a recuperar el sistema democrático en la vida nacional.

Juan Cristóbal Soruco Q. es periodista