Hasta el momento no hemos querido referirnos en pro ni en contra de la situación legal del señor J.M. Leyes, en espera de que la Justicia se pronuncie de acuerdo con ley sobre las denuncias de corrupción y otros por los casos Mochilas I y II, respectivamente, pero el presente acto de injerencia del Órgano Ejecutivo en el Judicial, no puede menos que llamar la atención por su carácter violatorio de la división y separación de poderes que, sin embargo, el Gobierno dice respetar.

La prontitud del Ministerio de Justicia en este caso contrasta claramente con su silencio y contemplación frente a la plaga de juicios que se encuentran en punto muerto por el abandono del Ministerio Público y de los juzgados, dejando en la desesperación e impotencia a miles de litigantes que esperan justicia. Ni qué decir si se trata de casos que involucran a autoridades del Gobierno o a simples militantes del MAS. El derrumbe de un puente en la ciudad de Cochabamba, obra contratada por el ex alcalde masista Castellanos, es uno de ellos, que no avanza en su esclarecimiento judicial.

Entre otros, se tiene el caso del bebé Alexander, dentro del cual se condenó a 20 años de prisión al médico Jhery Fernández sin prueba alguna y tuvo que aparecer la confesión en audio de la ex jueza Pacajes, para que se dé a luz semejante aberración. Solo después de esa declaración el titular de Justicia rompió su silencio. Tras la libertad del imputado, nadie aporta para esclarecer la muerte del bebé Alexander ni de quiénes serían los culpables. Inclusive parece existir relación parental entre la directa encargada del cuidado de los menores en el refugio y un alto miembro del Gabinete presidencial, posible motivo de la oscuridad en la que permanece el caso.

La directa injerencia del Gobierno en el resto de órganos del Estado es más que notoria cuando se trata de perseguir y amedrentar a opositores, como lo demuestra un audio de reciente aparición y que compromete a las fuerzas policiales en dichos afanes. Leyes concurrió a una audiencia precautoria por el juicio Mochilas II, donde el juez de la causa dispuso su detención preventiva, presumiblemente porque de lo contrario sufriría la misma suerte que su colega Anavella Torres, por levantar la detención domiciliaria de Leyes. Esta y no otra es la espada de Damocles que pesa sobre los jueces que contradicen el previo fallo de nuestros gobernantes.