Más allá que esa cifra no sea significativa en relación al total del padrón electoral consolidado con casi 6.5 millones de personas, se debe tomar en cuenta tales denuncias y más allá de decir que son denuncias políticas o maniobras externas, se debe someter todo el sistema de la institución a peritaje, para llegar a la verdad histórica de los hechos y determinarse con claridad lo que realmente ocurrió con esos 35 mil o más inscritos sin haber autorizado su inscripción.

¿Qué pasó realmente? es la pregunta que se deben hacer los ciudadanos y se necesita una explicación técnica, más allá de los intereses políticos de desacreditar el padrón.

Lo cierto es que ocurrió una mala inscripción y se debe saber la forma de haberse producido aquello. Es decir, se debe identificar si la manipulación fue externa o interna, debiéndose descubrir el motivo para tal acto.

La democracia requiere de instituciones vigorosas que trabajen con transparencia y no dejen dudas sobre su accionar. Estamos frente a un cuestionamiento colectivo, porque del tema hablaron oficialistas y opositores, con diversos matices, pero quedaron interrogantes flotando y que deben solucionarse, antes que en el tiempo se vayan agrandando.

Se hizo la denuncia en el Ministerio Público, institución defensora de los intereses del Estado, pero aparejada a cualquier investigación criminal que ellos hagan, también debe hacerse una auditoría técnica y responder claramente sobre lo ocurrido.