Primacía de la Constitución

La Constitución boliviana de 2009 establece dos criterios de interpretación normativa, según los “bauticé”, uno general y preferente, y el otro excepcional e integrativo. La regla de interpretación general y preferente yace en el Art.196.II de la CPE y ordena “aplicar con preferencia la voluntad del constituyente”, así “como el tenor literal del texto.” 

 Por elemental lógica jurídica, sólo si la precitada regla general y preferente no bastara para que los magistrados del Constitucional efectúen la interpretación normativa requerida, recién, se habilita a recurrir al segundo criterio de interpretación, que es el excepcional e integrativo. Mismo que yace en el Art.13.IV de la CPE, estableciendo que los derechos y deberes se “interpretarán de conformidad” con los tratados en materia de derechos humanos. Y en el Art.256, disponiendo que “los tratados en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables se aplicarán con preferencia a la Constitución.” 

 Llegados a este punto, debemos precisar que este criterio de interpretación excepcional e integrativo tiene una condición que lo habilita. Y es que procede únicamente si la “favorabilidad” de un derecho legislado en nuestra CPE, respecto a otro tal y como está instituido en el  Instrumento Internacional, es manifiesta. P.ej., procedería en el caso de que una Constitución dispusiera que “toda persona tiene derecho a la vida” y tal derecho requiriera ser “ampliado” con respecto al Art. 4.I de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que establece que “el derecho a la vida, en general, está protegido a partir del momento de la concepción”. 

 Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, tendríamos que al no haber sido “suficiente” la interpretación general/preferente y en aplicación de la interpretación excepcional e integrativa del Instrumento Internacional, a la redacción original del Art. de la Constitución que consagra el que “toda persona tiene derecho a la vida”, se le integraría la frase: “ (‘) este derecho está protegido a partir del momento de la concepción”, contenido en la CADH. Por lo que, según se evidencia, no se dejó “sin efecto” el Art. constitucional y menos se subvirtió la primacía constitucional que lo rige.  

Ahora bien, en lo que respecta al principio de supremacía constitucional, el Art.410.II de la CPE dispone contundentemente que: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. (‘) La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía (‘): 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales (‘)”. 

 En ese marco, considerando que la soberanía reside en el pueblo y que la Constitución es la única expresión de dicha soberanía, y voluntad del constituyente, debemos precisar que los Instrumentos Internacionales para ser incorporados en nuestro ordenamiento, deben ser previamente ratificados por el Legislativo mediante ley expresa. 

 En efecto, el Art.257.I de la CPE dispone que: “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.” Por lo que la ubicación de los tratados en el numeral 2 del Art.410.II es estéril y su contenido, únicamente eficaz con rango de Ley (num.3 Art.410.II), jamás podrá aplicarse de manera “preferente” a la Constitución, como inútilmente pretendieron los masistas con el Pacto de San José para dar paso a la reelección indefinida de Evo Morales. 

En consecuencia, la diferenciación entre jerarquía constitucional (Art.410) y las formas de interpretación general/preferente (Art.196.II) y excepcional e integrativa (Art.256), es clara. Y permite afirmar que el contenido de un Tratado Internacional (que goza de vulgar rango de ley) bajo el supuesto de favorabilidad, en el mejor de los casos, sólo puede ser complementario a la legislación nacional y siempre estará subordinado a la primacía de la Constitución, al ser la fuente primaria de la normatividad boliviana.

Franz Rafaél Barrios González es investigador en asuntos jurídicos.