"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Este debe ser el principio, que todo gobierno democrático debería tomar en cuenta en su actuar al momento de Gobernar, haciendo caso al soberano, respetando la decisión expresada en las urnas y la libertad de expresión que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos que constituyen en sí mismos un gran logro, en países altamente democráticos pues desacreditan la tiranía, la discriminación y el escarnio hacia los seres humanos que han marcado la historia de la humanidad.

La Declaración Universal promete a todas las personas derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. No son una recompensa por un buen comportamiento. No son específicos de un país concreto, ni exclusivos de una determinada era o grupo social. Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar, de personas de todos los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, creencia religiosa, edad u orientación sexual. La adopción de la Declaración Universal no puso fin a los abusos contra los derechos humanos. Pero, desde entonces, innumerables personas han logrado una mayor libertad. Se han prevenido infracciones; se han conseguido independencia y autonomía. Se ha podido garantizar a muchas personas, aunque no a todas, la libertad ante la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación injusta, así como el acceso equitativo a la educación, las oportunidades económicas, unos recursos adecuados y la atención sanitaria. Se han obtenido justicia por los delitos cometidos contra ellas y se han protegido sus derechos a nivel nacional e internacional, gracias a la sólida estructura del sistema jurídico internacional de los derechos humanos.

Uno de los grandes retos que enfrentan las sociedades en el nuevo milenio, es lograr que los beneficios del conocimiento científico y tecnológico permitan homologar las condiciones de vida de los seres humanos. Estos retos, cerca de alcanzarse aún se encuentran distantes, debido a los conflictos que se suscitan entre los países por motivos económicos, políticos o sociales, entre otros, lo cual origina la violación sistemática de los derechos humanos de la población en general y, para el caso que nos ocupa, de los derechos políticos de los ciudadanos en particular, que se ven sujetos a diferentes intereses de partidos que luchan por alcanzar el poder. En este contexto los Estados democráticos luchan por que se logre el principio de la verdadera igualdad jurídica entre los hombres y que los derechos humanos cumplan realmente con su alto cometido, que a la fecha, tratándose de los derechos políticos siguen siendo debatidos y cuestionados por la forma en que se ejercen y el peso que tienen para la vida democrática de un país.

Únicamente pueden transformar el mundo quienes se dedican a no ver los problemas políticos como algo ajeno, sino que toman en sus manos la decisión de afrontarlos para buscar las mejores soluciones. Los derechos humanos son producto de una lenta y compleja evolución histórica; es decir, la concepción y la realidad de los derechos que las sociedades reconocen al ser humano los mismos que han variado a través del tiempo. Desde una perspectiva subjetiva, los derechos humanos son un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones inherentes, indivisibles e independientes que el ser humano tiene frente al poder público. Desde una perspectiva objetiva, son normas de las que derivan atribuciones y competencias para los órganos del Estado, pero también principios y valores que irradian hacia el resto del orden público. La revolución tecnológica y procesos como la globalización han originado un profundo cambio en las relaciones de los seres humanos entre sí y, también, en sus relaciones con la naturaleza y con el contexto o marco de convivencia. Las modernas tecnologías de la información han permitido establecer las comunicaciones a escala planetaria y ello ha posibilitado que se adquiera una conciencia de los peligros más acuciantes para la supervivencia de la especie humana. Entre estos peligros hay que destacar los que provienen de la división, cada vez más profunda, de los hombres pobres y ricos, el deterioro y la destrucción del medio ambiente, así como la evolución de la industria armamentista que hace posible, por primera vez en la historia, que una guerra pueda acabar con toda la humanidad. 

Los derechos humanos de tercera generación pretenden partir de la totalidad de necesidades e intereses del ser humano tal como se manifiestan en la actualidad. Si el titular de los derechos de primera generación era el ser humano aislado, y los protagonistas de los derechos de segunda generación eran los seres humanos en grupos, las circunstancias actuales exigen que la titularidad de los derechos corresponda, solidaria y universalmente, a todos los hombres. Los derechos políticos, llamados también derechos del ciudadano, son prerrogativas reconocidas exclusivamente a las personas con la calidad de ciudadanos precisamente, que facultan y aseguran su participación en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser votado. Son aquellos que en esencia conceden a su titular una participación en la formación de la voluntad social. 

En otros términos, estos derechos permiten la participación de los individuos, a quienes se les ha conferido la ciudadanía, en la estructuración política de la comunidad social de las que son miembros y en el establecimiento de las reglas necesarias al mantenimiento del orden social. Hay que diferenciar de los derechos civiles o individuales porque, a diferencia de éstos, que permiten disfrutar al ser humano de una cierta esfera de libertad y autonomía, aquéllos facultan al individuo, en su calidad de ciudadano, a participar en la conducción de los asuntos públicos de la comunidad. Se trata de derechos políticos por excelencia, dado que constituyen los elementos justificativos de la legitimidad y la legalidad del poder que va a ejercer sobre la comunidad erigida en un Estado, forma moderna del poder político. Sea en el plano nacional o internacional, comprenden ciertas prerrogativas exclusivas de los ciudadanos tanto en materia de voto activo y pasivo como de otros tipos de participación en los asuntos políticos. En el ámbito internacional, son diversas las instituciones que las reconocen y protegen, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en tanto, "en un país democrático se respeta los Derechos Políticos".