Rivero fue la presidenta de la Comisión que investigó el caso Lava Jato en Bolivia. En su informe, señala que se encontraron "serios indicios" de la participación de Mesa en los sobornos de empresas brasileñas para la adjudicación e contratos para la construcción de carreteras.

De hecho, el informe presentado y aprobado en la Asamblea Legislativa recomienda que la Fiscalía realice una investigación de los movimientos económicos de Carlos Mesa, a los que calificó de "sospechosos".

Además, el informe también detalla una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.

Al respecto, el candidato presidencial por la alianza de Comunidad Ciudadana señaló que las acusaciones de la bancada del oficialismo forma parte de una "guerra sucia" iniciada en su contra.