Ni el Ministerio de Hidrocarburos, ni Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ni ningún miembro del Gobierno de la época – tampoco de la oposición – se mostró favorable a las tesis de Tarija respecto a lo legítimo del negro sobre blanco escrito en la Constitución Política del Estado y la asignación de regalías en el punto de fiscalización. Más al contrario, todas ellas se mostraban favorables a las tesis de convertir los dos campos en uno justificándolo en los reservorios idénticos encontrados en las entrañas tanto de Margarita – al sur de la frontera – como de Huacaya – al norte-.

Es sabido que los bloques y reservorios atraviesan el territorio nacional y saben poco de fronteras, pero que eso no quiere decir que todos los campos que sorben del Aguaragüe sean el mismo. En aquel entonces cívicos y políticos y algún que otro técnico advertían que con la unitización de los dos campos el único que ganaba era Repsol, que se ahorraría inversiones en otro campo al extraer todo desde Margarita y procesarlo en territorio tarijeño. Lo cierto es que el plan de desarrollo del megacampo era ambicioso e iba hacia el norte; también que la demanda argentina iba a seguir creciendo, también el precio internacional, y que por ende, las regalías de Tarija, aún con el bocado que se iba a entregar a Chuquisaca, iban a seguir siendo grandes.

Finalmente se consolidó la fusión de los dos campos a pesar de que la propia Gaffney – consultora que hizo el estudio – aseguraba que solo un reservorio (el huamapampa H1b) de los tres identificados en Margarita. Con absoluta ligereza, se calculó un factor de distribución tomando en cuenta los tres reservorios, lo que daba para Tarija un 75,1%, pero evidentemente nunca se aplicó, pues la extracción compartida solo se hace desde el H1b, que se compartía al 55% para Tarija y 45% para Chuquisaca.

Todos estos procesos se hicieron bajo supuesta supervisión de la Gobernación interina de Lino Condori, que finalmente vino a ser una mera guardiana de las órdenes del nivel central y la necesidad política del MAS de doblegar definitivamente a Sucre para sumarla a la causa. La Gobernación de Lino Condori no alegó ni apeló las maniobras, pero ni siquiera logró imponer algo tan sencillo como la necesidad de definir un límite territorial entre los departamentos.

La Gobernación sostiene que el IGM nunca definió un límite territorial departamental, así consta por escrito en información a la que accedió este medio. La situación es particularmente grave por lo que supuso al iniciar el reparto de unas regalías sin tener siquiera delimitada la ubicación de los reservorios. Y sigue siendo especialmente sensible en un territorio limítrofe, esperanza por cierto de la persistente política extractivista llevada a cabo por el Ministerio de Hidrocarburos.

Es necesario que se aclare este punto y se den las explicaciones pertinentes, y también se depuren responsabilidades si las hubiera; e igualmente urgente, es necesario que el IGM cumpla con su misión antes de que el desarrollo del megacampo Huacareta saga del territorio tarijeño por el norte, pues esa historia ya la hemos vivido.