Cuando muchos creíamos que por la renuncia, en octubre, de la presidente y del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) podía sobrevenir una crisis de ese poder del Estado, ésta llegó por donde menos se la esperaba. Tras el juramento de María Eugenia Choque en las funciones de Katia Uriona, miles de personas despertaron militando en partidos políticos, cuyas siglas, muchos ni siquiera habían escuchado nombrar. Si ese no es el detonante de una crisis de credibilidad, no sé bien qué otra cosa podría serlo.

 Lo que hemos descubierto es que el TSE no tiene la capacidad técnica para detectar si los partidos hacen chanchullo, escribiendo nombres referenciales, con firmas y huellas falsas, en sus libros de inscritos.  Este es un hecho irrefutable. El TSE está necesitando, hoy mismo, que sean los propios ciudadanos quienes renuncien a sus militancias falsas. Su impotencia en este terreno es ostentosa y flagrante. 

 Lo insólito es que el TSE ya ha otorgado o negado personerías jurídicas a diversas organizaciones partidarias sobre la base de dichos registros llenos de falsificaciones. ¿Va a retirarles ese aval si es que el número de renuncias a posteriori se transforma en un factor de inhabilitación efectiva? ¿Va a sancionar informáticamente a esas siglas, regresándoles su padrón con correcciones de fondo hasta nuevo intento?   Al umbral de tales preguntas llega esta vergüenza nacional.

 La respuesta de los vocales ha sido tramposa e infantil. Han dicho, a modo de excusa pueril, que la culpa es de los partidos políticos por haber jugado chueco. Mañana, la Policía culpará a los asaltantes de los atracos y así... El Gobierno ha salido a decir lo mismo y se ha declarado víctima predilecta de las adulteraciones. 

 Ninguno de los dos quiere leer la Ley de Organizaciones Políticas, cocinada en el TSE y empeorada al grado máximo por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En esa ley se dice textualmente: “La verificación del requisito de militancia mediante la verificación completa de datos personales y la revisión muestral de firmas y huellas dactilares será realizada por el Tribunal Electoral correspondiente conforme a reglamento”.  

Revisado este último, en ningún lugar se establece, por ejemplo, que tras la otorgación de personerías jurídicas, el TSE esperará a que los ciudadanos renuncien a sus militancias falsas a fin, ahora sí, de depurar los padrones de los partidos políticos y convalidar o revertir dichas personerías. Ese mecanismo extra legal se lo inventaron tras la consumación de la pifia.

 Los redactores de la citada ley no tenían idea de lo que se imponían a sí mismos. ¿Cómo esperaban hacer revisión muestral de huellas si los partidos no usaron el registro biométrico para anotar a sus adherentes?  Hoy resulta que el país tiene un moderno padrón biométrico, pero los partidos, no. Todos vamos en cohete, ellos van a gatas. ¿Así quieren organizar elecciones primarias?  

 Tuvieron razón los vocales renunciantes, no estábamos preparados. Pero claro, desde la plaza Murillo la compulsión era adelantar al máximo el calendario electoral para olvidar el 21F y así dejar de oír gritos destemplados en los desfiles.

 Aún falta reseñar lo peor. El Defensor del Pueblo apareció como militante del MAS. A diferencia de los demás individuos inscritos irregularmente, en vez de quejarse por el atropello, dijo que siempre fue “marxista” y que “militar en un partido no es impedimento para ejercer su cargo”. Así es, tiene razón. En 2016, en la convocatoria a su puesto, los asambleístas del oficialismo sólo vetaron a los dirigentes o excandidatos de los partidos, no a los militantes.  En esta Bolivia plurinacional, resulta que militar en un partido armoniza con defender al pueblo. Legal puede ser, no es ético, pero ya jactarse de ello es sencillamente cínico, señor Tezanos.

 En medio de tanto desbarajuste militante, corresponde aprobar, hoy o mañana, dos leyes cortas. Una que disponga que si un partido se decide por un solo binomio, las primarias ahí se transforman en superfluas, por lo que corresponde cancelarlas, dando luz verde a los nominados, con la excepción, claro, de Evo y Álvaro, impedidos por la Constitución. Tremendo ahorro de dinero y tiempo. 

 Otra ley urgente sería que ya que nos pusimos a publicar la militancia de todos, que los cargos fundamentales de nuestra institucionalidad no toleren a bordo personal de ningún partido o sigla.  Los sin partido somos mayoría, nos lo merecemos. 

Rafael Archondo es periodista.