Medio: La Razón
Fecha de la publicación: martes 27 de noviembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Mientras tanto el Concejo derivó a asesoría legal las cartas que recibió de Leyes, en la que hace conocer que reasumió su cargo de Alcalde tras que la Justicia lo dejara en libertad, y de la alcadesa interina Karen Suárez, quien pidió al ente deliberante defina su situación ante los recientes hechos.
El fiscal Gonzalo Aparicio informó que solicitó a la Justicia declare rebelde a Leyes luego que un informe forense estableciera que el alcalde suspendido desde abril solo tiene una gastritis y no un problema mayor como argumentó su defensa para no acudir a la audiencia cautelar del lunes por el caso de corrupción Mochilas II, que consiste en la adjudicación arreglada de mochilas chinas por Bs 11,1 millones.
“La declaratoria de rebeldía genera efectos jurídicos como la emisión de un mandamiento de aprehensión”, advirtió el fiscal.
La audiencia fue diferida para la tarde del jueves. Leyes fue internado la mañana del lunes en una clínica por un problema de salud y este martes fue dado de alta. Su abogado Humberto Trigo explicó que su cliente, según informe médico, tiene “una hemorragia severa con úlceras sangrantes”, lo que requería una internación para su tratamiento.
El examen difiere del reporte del médico forense. El alcalde suspendido permanece con custodia policial, ya que aún no se comunicó de la resolución judicial que levantó su detención domiciliaria. El Concejo tampoco cuenta con esa resolución por lo que el caso pasó a Asesoría Jurídica.
El partido de Leyes, Movimiento Demócrata Social (Demócratas), cuestionó que a cuatro días que se beneficiara con la libertad permanezca en su domicilio con custodia policial y sin poder ejercer su nueva condición jurídica. El diputado Gonzalo Barrientos dijo que se trata de “un secuestro político” para que no vuelve a sus funciones.
Leyes estaba con detención domiciliaria por el caso Mochilas I, que igual que el caso II corresponde a irregularidad en la licitación para la adquisición de mochilas chinas por valor de Bs 12,4 millones.