Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 28 de noviembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El alcalde suspendido de Cercado, José María Leyes —del partido Unidad Demócrata (UD)—, enfrenta cuatro procesos penales por presunta corrupción —cometida en el ejercicio de sus funciones— que supera los 50 millones de bolivianos.
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Infografía: Javier Pereyra
LUIS FERNANDO CRUZ RÍOS - CAMBIO / EDICIÓN IMPRESA
El alcalde suspendido de Cercado, José María Leyes —del partido Unidad Demócrata (UD)—, enfrenta cuatro procesos penales por presunta corrupción —cometida en el ejercicio de sus funciones— que supera los 50 millones de bolivianos.
El también primer vicepresidente del partido político liderado por el gobernador cruceño, Rubén Costas, está investigado por la adquisición de útiles y mochilas escolares de procedencia china para la gestión 2018, denominado caso Mochilas I, con un presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos.
También se lo indaga por la compra de útiles y morrales escolares para 2017 (Mochilas II) con un monto elevado de 10 millones de bolivianos; por el proyecto Ciudad Segura con un posible daño económico de 29 millones de bolivianos; y la estafa de 1,3 millones de bolivianos al concejal de Colcapirhua, David Suárez —de Unidad Demócrata—, de quien se habría prestado ese monto para la compra de cemento asfáltico.
MOCHILAS I
El 2 de abril de 2018, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina denunció al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de seis delitos penales en la compra de mochilas escolares para la gestión 2018, con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos.
Según la autoridad, el material de la Asociación 26 de Febrero se adquirió con 104 días de anticipación a la adjudicación, con logos de la Alcaldía ya estampados.
MOCHILAS II
El 27 de abril de 2018, el representante del Viceministerio de Transparencia de Cochabamba, Ever Veizaga, denunció a José María Leyes, a dos exsecretarios y nueve funcionarios ante la Fiscalía, por la supuesta adquisición de morrales escolares para la gestión 2017 con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos.
Explicó que en 2017, el municipio adquirió más de 91 mil mochilas, cuya compra fue adjudicada a una empresa distinta a la de 2018, pero con el mismo domicilio comercial, “beneficiando a esas personas con el ilícito”. Señaló que los presuntos delitos son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles a la función pública.
CIUDAD SEGURA
El 7 de septiembre de 2018, el Viceministerio de Transparencia denunció una “megacorrupción” cometida por el alcalde José María Leyes a través del proyecto Ciudad Segura, en el que se estima un daño económico al Estado de al menos 29 millones de bolivianos, por la compra de cámaras de videovigilancia y torres de telecomunicaciones con enlaces de fibra óptica.
La Alcaldía de Cochabamba, que tuvo un presupuesto de 14 millones de bolivianos en 2016, contrató de manera directa y en tiempo récord (27 días) a la empresa Huawei por 69 millones de bolivianos, en dos lotes, uno de más de 64 millones y otro que supera los 4 millones.
En tanto que para las torres de telecomunicaciones, la Alcaldía de Cochabamba contrató a la empresa Hansa por 38 millones de bolivianos, con similares irregularidades en el tiempo de contratación, y el pago de adelantos el 22 de diciembre de 2016. En este proceso se calculó un daño económico de 6 millones de bolivianos, que sumados a los más de 22 millones de las cámaras, alcanzan 29 millones de bolivianos.
Préstamo de concejal de UD para asfalto
El 9 de noviembre de 2018, el concejal por Unidad Demócrata (UD) de Colcapirhua, David Suárez, denunció al alcalde José María Leyes por estafa de 1,3 millones de bolivianos, que le habría prestado para la compra de cemento asfáltico.
En caso de demostrarse que el municipio usó esos recursos para la adquisición, se comprobaría que en la Alcaldía operó una red de corrupción.
El denunciante entregó al Ministerio Público su teléfono celular con fotografías, grabaciones de audio y de video para probar que hizo el préstamo al Alcalde suspendido y a su mano derecha, José Miguel Padilla, para el negocio del cemento asfáltico; y que no le fue devuelto.
El móvil tendría grabadas varias conversaciones que sostuvo con Leyes, en las que se evidencia que se habló sobre la devolución del préstamo.
El celular también habría almacenado mensajes de WhatsApp y videos. Ahora todos esos materiales están en custodia de la Fiscalía para su valoración como pruebas de la denuncia.
