La pretensión oficialista de tratar de imponer que el binomio presidencial Morales-García vuelva a ser reelegido en las elecciones generales, previstas para octubre de 2019, sería una clara violación del Referéndum del 21 de febrero de 2016, el cual dispuso la inviabilidad legal de una segunda o más reelecciones. La norma ha sido ya agotada con la actual conformación gubernamental, como previó la posibilidad de ser aplicada una sola vez.

De insistir en tal arbitrariedad, simple y llanamente se trataría de un golpe de Estado, extremo que en ningún caso sería admisible, porque con justificada razón daría lugar a una rebelión popular contra el régimen vigente.

Las alteraciones producidas hace dos semanas en el Padrón Electoral han sido un primer intento de tal naturaleza, con el agravante de que adquirieron dimensiones de una revuelta política promovida desde las propias esferas oficiales, pues a ningún partido político u organización cívica se le ocurriría apelar a tal recurso para conseguir que se incurra en una clara violación a la institucionalidad del país.

En tales condiciones, tampoco es admisible que sean realizadas unas elecciones primarias, porque cualquiera sea su resultado, de todas maneras implicaría una violación a la legalidad, porque su ejecutoria tendría que estar sujeta al maltrecho Padrón Electoral existente en la actualidad.

Definitivamente, cualquier nueva votación general que se realice a la sombra del actual Padrón Electoral estaría viciada de nulidad, porque se efectuaría al amparo de una disposición que ha sido alterada premeditadamente por el oficialismo.

En consecuencia, es indispensable una nueva inscripción ciudadana para construir un nuevo Padrón Electoral, con lo que estaría libre de cuestionamientos y sería veraz expresión de la personalidad jurídica que debe tener un instrumento de tal índole, que en rigor de verdad es el único documento representativo de la actual conformación ciudadana de la nación boliviana.

El nuevo proceso de inscripción cívica es posible iniciarlo en el primer semestre del próximo año, de manera que se daría plena legitimidad a las elecciones generales de 2019, para renovar el mandato presidencial vigente. De no producirse ello, los bolivianos estarían en riesgo de deslegitimar los eventuales resultados de la consulta.

Existe tiempo suficiente para que la institucionalidad cívica del país responda a los requerimientos que ésta impone. Por tanto, se trata solamente de actuar con pulcritud en el cumplimiento de la normatividad electoral vigente.

En suma, no existe justificativo para no proceder como corresponde conducir al país. De esta forma, se cumple también con el respeto que merece la ciudadanía, dándole la oportunidad de participar en consultas que tienen que ver con sus propios intereses, ya que ellos también están relacionados con los de la institucionalidad nacional.

Si el oficialismo actual se propone permanecer en el mando de la nación, puede hacerlo con todo derecho, siempre que cambie la composición del actual binomio presidencial. Así estaría en condiciones de demostrar, mediante el voto que se deposite en urnas, que es la fuerza mayoritaria del país.

Por tanto, no estaría en juego esta su presunta condición, de lo que se trataría es que sea el primer interesado en acatar la normatividad legal vigente, para que su presencia en la conducción de los intereses nacionales sea producto de sus propios logros, con el único condicionamiento de poner en evidencia su pleno apego a la constitucionalidad, que es requisito indispensable para legitimar su accionar político.