En medio de la crisis en el sector de Hidrocarburos, desatada luego de que se comprueben los fracasos tanto en exploración como en comercialización, el Gobierno ha decidido darle luz verde a la licencia ambiental en la Reserva Natural de Tariquía; sin duda el proyecto más rechazado en el departamento de Tarija y cuyo fundamento no ha llegado a convencer ni a sus más fervientes seguidores.

El argumento del Ministerio de Hidrocarburos no difiere de los que emplea habitualmente: plata y más plata, regalías por doquier y buenos negocios. Al parecer para un Ministro como Luis Alberto Sánchez, conocedor profundo de la realidad de los pozos y sus comunidades aledañas, no hay nada más importante que recibir recursos económicos lo más rápido posible y cuantos más, mejor.

Durante dos años – el tiempo que pasó desde que le aprobaron el Decreto que levantaba el veto exploratorio en las áreas protegidas –  el Ministerio de Hidrocarburos ha tratado de convencer de los beneficios que ese proyecto traerá para el departamento de Tarija en forma de renta petrolera, sin embargo, las reacciones han venido siempre en dirección contraria.

Con una inversión de 682 millones de dólares se alcanzará una renta nacional de 8.915 millones de dólares de los que, según el Ministerio, 1.800 llegarán a Tarija a través de regalías e IDH

Las cifras, para el Ministerio, siempre son millonarias y muchas veces, mutantes; en el caso de Tariquía también se han dado tres o cuatro diferentes según los archivos hemerográficos, pero el más extendido es el que dice que con una inversión de 682 millones de dólares – que se van en patentes, personal especialista, etc.- se alcanzará una renta nacional de 8.915 millones de dólares de los que, según el Ministerio, 1.800 llegarán a Tarija a través de regalías e IDH.

Es a cambio de esos 1.800 millones de dólares que el Ministerio entiende los tarijeños deberían ponerse al costado de la carretera y aplaudir el ingreso de la maquinaria pesada hasta los pozos de San Telmo, Astilleros  y Churumas sin exigir nada y más bien rogando para que Petrobras, a cargo de la operación, no haga ningún desmán.

Sánchez y los suyos prefirieron este argumento de la plata a aquel que decía que la afectación era de 0,014 por ciento del territorio de la Reserva. Un argumento que se fue desinflando probablemente porque no era cierto. Los pozos estarán además instalados en zonas de especial protección, es decir, aquellas más relevantes por sus ríos, etc., que vienen a hacer de protección de la zona núcleo.

Sánchez amagó una vez con suspender la inversión. Lo dijo textualmente en una conferencia solicitada por él mismo. Resultó ser una burda mentira. El proyecto siguió adelante sin ninguna euforia y, por raro que parezca, sin ninguna celebración por parte del Ministerio.

El Gobierno, ni siquiera con Ministro tarijeño, entiende que en el departamento lo de los regalos millonarios no cae bien, pues no vienen a ser sino una parte de retorno de lo extraído. El impacto electoral va a ser fuerte, pero aun así el proyecto sigue adelante firmemente por una razón más bien sencilla: las urgencias exploratorias son grandes. Los reservorios puestos en servicio hace dos décadas se agotan, los descubiertos antes del Gobierno de Morales – como Incahuasi – no han resultado tan grandes como se esperaba, y el ritmo de vaciamiento ha sido mayor al planificado, con la agravante de que ni siquiera se han puesto en marcha los proyectos de industrialización que permitan sustituir en ingresos al gas no exportado.

Con esos antecedentes, conscientes de que el resultado de años de exploración no han traído el desarrollo prometido, el recuerdo de los derechos de la Madre Tierra y la sospecha de que hay en juego algo más que el interés general, Tariquía seguirá siendo una mancha demasiado grande para que alguien pueda esconderla solo con dinero.