En un proceso plagado de irregularidades e incluso con visos de ilegalidad, la Sala Penal Segunda de Cochabamba ha levantado la detención domiciliaria a José María Leyes, del partido Demócratas, suspendido de sus funciones como alcalde de esa ciudad debido a los procesos abiertos por corrupción, casos conocidos como Mochilas I y Mochilas II.

Los delitos, todavía en fase de investigación, no son menores: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, y conducta antieconómica. Los delitos que se investigan se produjeron en la adjudicación de 91 mil mochilas escolares —adquiridas en China— para la gestión 2017 y una cantidad similar para 2018, proceso en el que la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, y la Procuraduría advierten un sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos en cada adjudicación.

Según se desprende de la investigación, las mochilas habrían sido compradas en China semanas antes de que se produzca la licitación, y meses antes de que se firmaran los contratos. Al mismo tiempo, la licitación habría sido simulada, pues de las tres empresas que compitieron, dos fueron eliminadas por problemas que podrían haber sido subsanados, en un caso por presentar boletas de garantía por un monto menor, y en el otro porque los logotipos de la versión de prueba no tenían la calidad de serigrafía que se exigía en las mochilas como producto final.

Ya sin competencia, la licitación fue adjudicada a un consorcio temporal de dos empresas cruceñas, que habían presentado la propuesta económica más elevada.

Ante los más que evidentes indicios de corrupción, la lógica política indica que es aconsejable mantener la suspensión de Leyes de sus funciones, al menos hasta que se concluya el proceso ante la justicia, se juzgue un hecho de corrupción, y se determinen las responsabilidades del que fue electo Alcalde por Cochabamba en la candidatura del partido Demócratas de Rubén Costas.

Al dejar en libertad a Leyes y abrir la posibilidad de retomar su cargo, los jueces cometen una ofensa contra la ciudadanía. No sólo un burgomaestre debe ser tratado como el resto de las personas, sino que la exigencia debe ser más rigurosa si cabe al tratarse de un servidor público que no debería continuar en su cargo mientras la justicia no determine si es culpable o inocente de algunos de los múltiples delitos que se cometieron en los casos Mochilas I y II.

La denuncia realizada por el ministro de Justicia, Héctor Arce, de que podría estar produciéndose un acto de concusión entre algunos jueces y vocales con abogados y representantes de Leyes, debe ser investigada a fondo, pues en caso de ser cierta, develaría grados de corrupción que ya no sólo involucrarían a la Alcaldía de Cochabamba, sino también al Órgano Judicial.

Por si fuera poco, las denuncias sobre el gobierno de Leyes en Cochabamba se acumulan, pues a los casos Mochilas I y II se suman otras denuncias por sobreprecio en la compra de seguros, irregularidades en la adquisición de vehículos para la Policía o en el desayuno escolar, y 100 millones de bolivianos en cámaras de seguridad que no puede justificar el municipio.

La crisis municipal es grande y en tiempos preelectorales las sospechas de actos de corrupción que podrían generar recursos para las campañas de algunos partidos y candidatos se multiplican. Por eso, nadie debería estar por encima de las leyes y como sociedad se debe exigir una investigación rigurosa, y en su caso, una condena ejemplar para todo servidor público involucrado en hechos de corrupción.