El tema de los estados semifallidos es problemático. Bolivia se encuentra en ese campo. Un Estado semifallido mantiene apariencias de legitimidad y control; dispone de militares, policías e instituciones; hasta existe un parlamento que promulga leyes y tribunales que, teóricamente, las hacen respetar. Sin embargo, según afirman los expertos, el Estado semifallido es como un zombi sociopolítico. Funciona por inercia y a falta de alternativas viables, la población vive en permanente inseguridad, en simultáneo con la hostilidad abierta de grupos internos que realizan cotidianamente bloqueos de diversos tipos, marchas, huelgas, motines, etc. Asimismo, la ley se aplica parcialmente o no se aplica y, peor, a veces se la ejecuta por mano propia.

El no dar explicaciones sobre problemas que han trascendido las fronteras y se originaron en el lugar es otra característica del Estado semifallido. Se van a cumplir dos años de la tragedia aérea de LaMia, que segó la vida de 70 personas, y el asunto sigue sin respuestas concretas de la autoridad. La imagen proyectada del país en este campo es pésima. Sumemos la falta de dominio territorial efectivo en ciertas zonas, particularmente en Chapare, donde los cocaleros hacen lo que quieren, pese a que Naciones Unidas comprobó que el 90% de la producción de coca proveniente de allí se destina al narcotráfico. En otras regiones hay feudos protegidos por el oficialismo o propios del lugar y donde también cada cual hace lo que quiere. Desde ejecuciones sumarias o linchamientos hasta matanzas a pedradas, todo es posible en la pluralidad caótica que caracteriza al Estado de Bolivia. Los llamados a imponer el orden brillan por su ausencia en lugares álgidos y abundan en zonas urbanas para proteger a los poderosos o ahuyentar a pacíficos opositores. Las características generales de un Estado semifallido se cumplen casi matemáticamente y se van agravando ante una administración que pretende quedarse indefinidamente al mando, de forma ilegal y sin respetar la voluntad popular.

En un Estado semifallido la gente desesperada toma la ley por sus propias manos ante la ineficiencia o ausencia policial, tales los terribles casos de San Julián y Uncía. Un conjunto de factores negativos hace peligrar hasta la propia existencia del Estado por no mantener el orden interno y asegurar la libre circulación. Tampoco garantiza nutrición infantil, escuelas, salud pública, seguridad ciudadana, fuentes de trabajo e igualdad jurídica, y es incapaz de impedir la presencia delincuencial conectada con el contrabando y el tráfico de estupefacientes. Triste en verdad.