JULIETA MONTAÑO S. | Abogada y directora de la OJM julietamontañ[email protected] |  25 nov 2018 | Ed. Imp.

En un ambiente político que se va tensionando en la medida que se acerca la fecha para la inscripción de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado para terciar en las lecciones del año 2019, lo que se espera es que las instituciones encargadas de garantizar la justicia, la paz social y el orden público se mantengan equidistantes de los intereses que despiertan pasiones en uno y otro lado. 

Sin embargo, dado el nivel de desinstitucionalización al que se ha llegado en el país, a los discursos cargados de amenazas que se vierten desde altas esferas de Gobierno, las organizaciones sindicales y sociales afiliadas al partido oficialista, se suma la voz de la más alta autoridad de la Policía Boliviana. En efecto, fue el mismísimo Comandante General, Faustino Mendoza, quien pasando por alto el mandato constitucional que determina que la Policía Boliviana “como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria”, y en total desprecio a su propia Ley Orgánica, sin el menor reparo, ofreció el apoyo de los más de 37.000 hombres de la Policía Boliviana al “proceso de cambio” que es el proyecto político de un partido político, el MAS. 

De esa manera, prevalido del poder que le da el cargo y las estrellas doradas que detenta, ha asignado una militancia partidaria a todos los miembros de la institución, hombres y mujeres que, además de vestir el uniforme verde olivo, son ciudadanos/as pensantes con todos los derechos y, como cualquier persona, capaces de decidir libremente sobre sus preferencias políticas o religiosas. 

Era de esperar que este actuar del general Mendoza, independientemente de las voces de protesta de la ciudadanía, los partidos políticos y de sus propios camaradas, sea objeto de proceso interno inmediato por haber cometido una falta grave prevista por ley, pero, al parecer, los procedimientos disciplinarios son solo para personal de bajo rango o los carentes de padrinazgo, situación esta que está provocando que se pierda totalmente el respeto a la institución y que cualquier persona se sienta con el derecho de insultar, hasta agredir a un policía cuando interviene en cumplimiento de sus específicas funciones.

Mientras la disciplina es absolutamente laxa para los jerarcas, funcionarios de bajo rango son objeto de determinaciones abusivas y drásticas como el cambio intempestivo de destino por un supuesto comentario contrario al partido de Gobierno como lo sucedido en Potosí. Lamentable.