Continúa con custodios por falta de una notificación judicial.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió a los funcionarios del Consejo de la Magistratura tomar acciones contra los vocales de la Sala Penal Segunda de Cochabamba, Nelson Pereira y Anawella Torres, porque considera que "levantaron ilegalmente" la detención domiciliaria del suspendido alcalde, José María Leyes, denunciado en varios casos de corrupción.

El viernes 23, Leyes fue beneficiado con medidas sustitutivas en el proceso Mochilas I, caso en el que se investiga la compra de 92.000 mochilas chinas con un presunto sobreprecio de más de Bs 10 millones.   

"Aparentemente está marcando un accionar de concusión entre algunos jueces, algunos vocales, con los abogados y con algunas personas que representan al señor Leyes. Estamos haciendo una investigación profunda, hemos tomado contacto con el Consejo de la Magistratura y esperemos que en las próximas horas se tomen las determinaciones que deban tomarse", manifestó el ministro.

Dijo que este tipo de decisiones judiciales es una ofensa al municipio de Cochabamba, porque se está favoreciendo a un alcalde suspendido que está vinculado en a varios casos de corrupción.

El ministro apuntó que la justicia en Cochabamba está actuando "por fines oscuros, mezquinos y sectarios que deberán ser investigados hasta las últimas consecuencias".

Pidió a los jueces y vocales tratar a Leyes como a un ciudadano más y no incurran en "maniobras judiciales" para favorecer indebidamente a este implicado en presuntos hechos de corrupción.

"(La alcaldía de Cochabamba) se ha manejado realmente de la peor manera, de la manera más corrupta como se puede manejar una institución", dijo.

SIGUE CON CUSTODIOS

Pese a que los vocales de la Sala Penal Segunda determinaron que puede defenderse en libertad tras revocar la detención domiciliaria, Leyes aún continúa escoltado por custodios policiales porque no llegó ninguna notificación hasta el Comando Departamental de la Policía sobre la suspensión de la medida judicial.

El comandante de esta institución, Vladimir Pol, dijo que espera la resolución de orden judicial para dar cumplimiento a lo ordenado por la juez.

Uno de los abogados de Leyes, Alberto Trigo, manifestó que el retraso en la notificación se debe la carga procesal que atraviesa el Juzgado Segundo Penal.