Denuncias sin resolver.  Por otro lado, 41 denuncias (51%) se mantienen activas, vale decir que las denunciantes persisten en defender sus derechos políticos, aunque para ello deben peregrinar entre engorrosas gestiones judiciales y tolerar el incremento de la hostilidad de parte de sus agresores. Por el contrario, 3 (4%) decidieron dar un paso al costado definitivamente (renunciaron a sus cargos) al ver que sus denuncias no prosperaban en el ámbito judicial.

Cabe resaltar que, pese a los obstáculos estructurales y altos costos políticos y procesales que conlleva realizar una denuncia, las mujeres autoridades electas han decidido dar este paso en defensa de sus derechos políticos y amparadas en la  Ley Nº 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.