De acuerdo con los datos del Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 96 por ciento de las mujeres que denunciaron acoso y violencia política continúan cumpliendo las funciones públicas para las que fueron electas, ya sea defendiendo sus derechos o aplicando estrategias de defensa contra sus agresores.

“En medio de acciones de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, e incluso violencia física y psicológica, 78 (96%) de las 81 mujeres que denunciaron acoso y violencia política este año, en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), continúan cumpliendo las funciones públicas para las que fueron electas, defendiendo sus derechos en instancias judiciales, o generando estrategias personales para que dichas acciones afecten lo menos posible la gestión municipal o departamental y su vida misma”, señala el comunicado del observatorio.

El 28 de mayo del 2012 el gobierno promulgó La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, después del asesinato de Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, quien apareció muerta con signos de haber sido estrangulada.

Ayer se recordó el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981.

LAS DENUNCIAS

De enero a la fecha se registraron 81 mujeres denunciaron acoso y violencia política en el TSE, a nivel nacional, 37 de los casos, que equivalen al 46% abandonaron sus casos cuando estaban en instancias judiciales, desistieron de la denuncia o ésta fue rechaza por el Ministerio Público.

Por otro lado, 41 denuncias que es el 51% de los casos se mantienen activos, las denunciantes persisten en defender sus derechos políticos, aunque deben peregrinar entre difíciles gestiones judiciales y tolerar el incremento de la hostilidad de parte de sus agresores. Por el contrario, 3 denuncias que es el 4% decidieron dar un paso al costado definitivamente, es decir que renunciaron a sus cargos al ver que sus denuncias no prosperaban en la justicia.

Después de seis años de la aprobación de la norma y que el país es el primero de la región en contar con una normativa específica contra el acoso y la violencia política, hasta el momento no se emitió ninguna sentencia por esos ilícitos.

El acoso y violencia política es uno de los principales obstáculos que actualmente enfrentan las mujeres en función político-pública y que amenaza con expulsarlas de los espacios de decisión que han conquistado. Cabe recordar que Bolivia es el segundo país del mundo y el primero de la región respecto al número de mujeres electas en el ámbito legislativo.

LAS VÍCTIMAS

En abril del presente año se presentaron dos casos en particular, las concejalas Vicencia Apaza y Zaida Choque decidieron denunciar a las autoridades del consejo municipal y al alcalde de San Pedro de Curahuara de la provincia Gualberto Villarroel de La Paz.

Ambas autoridades están decididas a continuar en sus cargos y con el apoyo de sus familias concluirán su gestión denunciando las irregularidades en las que están involucrados sus colegas.

Otro caso relevante es de la concejala por el municipio de Huarina Juana Choque (MAS) resiste siete meses sin salario. El calvario de esta legisladora de 56 años comenzó a principios de este año, cuando al cumplirse la mitad de su gestión, su suplente comenzó a exigirle que renuncie y que le ceda la titularidad del cargo, tal como habían acordado al inicio de su mandato, en 2015.