En el fútbol, el desempeño de un árbitro es directamente proporcional a su nivel de protagonismo: a mayor notoriedad en el partido, menor calidad de su trabajo.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no venía bien. Independientemente de los vocales -como individuos y como profesionales-, después de un largo tiempo de marejada, nunca pudo reflotar su deteriorada imagen… hasta que llegó la chambonada de la militancia falsa y el barco terminó de encallarse. Ergo, el juez del partido de la política nacional tiene, hoy, más atención del periodismo que cualquier precandidato.

Ante este panorama, nadie con dos dedos de frente se arriesgaría a pensar en un OEP creíble o confiable. Escuché al más valiente de sus vocales, el vicepresidente Antonio Costas, señalar en la televisión que las elecciones primarias “se han apresurado”. Tiene razón pero, acto seguido, en un intento de defender la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscó tranquilizar al país con el argumento de que los comicios de enero no estarán regulados por el padrón de militantes sino por el biométrico. Pues bien, en lo más profundo de su ser, él sabe que hasta en el más ingenuo puede caber la duda razonable de que el padrón electoral esté igualmente viciado si, como se ha visto, la capacidad de control del TSE es sumamente pobre.

El OEP, al deslindar cualquier responsabilidad apoyándose en la evidencia de que varios partidos inscribieron engañosamente a ciudadanos como si fuesen sus adeptos, ha reaccionado como todo el mundo en este país, pateando la pelota fuera de la cancha: aquí nadie se hace cargo de sus dejadeces, y así estamos.

¿Que hubo un abuso por parte de esos partidos? Claro, por supuesto que sí, pero al OEP le faltó hidalguía para señalarlo y luego aceptar que permitió -posiblemente con negligencia- que dichas organizaciones se burlasen de la población anotando en sus libros a gente que no se debe a su sigla. Dice un conocido refrán, con adaptación rioplatense, que “la culpa no es del chancho sino del que le da de comer”.

La fragilidad del sistema de inscripción y recepción de firmas anotadas en libros de militantes ha quedado al descubierto y los pares del OEP deben estar anonadados en este momento con semejante escándalo. Eso para decirlo suavemente, para no decir que el TSE de Bolivia es, hoy, el hazmerreír entre los órganos electorales a nivel mundial.

Antes de toda elección (como de un encuentro de fútbol), lo mínimo indispensable que exige un elector (como también un espectador) es un juez confiable. Primero, el TSE no supo despegar su nombre del partido de Gobierno, tras una crisis interna que derivó en su resquebrajamiento institucional y en una inevitable susceptibilidad de la población. Luego se armó el tole tole conocido por todos que, así como desnudó la vulnerabilidad del sistema de vigilancia al registro de militantes (si hubo uno), puso al descubierto algo todavía más preocupante: la falta de seriedad del OEP.

Ahora, después de semejante turbulencia y con el cuerpo magullado, el TSE se apresta a dirigir su partido más difícil: dentro de dos sábados deberá pronunciarse respecto a la continuidad del impenitente binomio Evo-Álvaro en el certamen cada vez menos deportivo; un juez imparcial, probablemente, no le permitiría jugar ni en el fondo de su casa después de los resultados del 21F, pero, el árbitro de las primarias, ¿es imparcial?

Por otro lado, ¿quién va a garantizar la seguridad de los vocales en caso de que decidieran impugnar la postulación de Morales y García Linera? ¿La Policía? ¿La Policía del comandante que respaldó públicamente el proceso de cambio del MAS? Habría que ponerse en los zapatos de esos vocales, que han recibido una amenaza -también pública- de “que se atengan a las consecuencias” si inhabilitan a la dupla en cuestión.

Óscar Díaz Arnau es periodista y escritor