Página Siete / La Paz

Sin la consulta previa a las comunidades afectadas, el jueves  el Gobierno entregó la licencia medioambiental para  los proyectos hidrocarburiferos Domo Oso, Churumas y Astillero en la Reserva de Flora y Fauna Tariquía. Por su posible impacto ambiental esa es, según especialistas, la más reciente amenaza a un área protegida de Bolivia.

   Bolivia  cuenta con 22 parques nacionales y más de 60 áreas protegidas de alcance  regional. Por ley, estas áreas -ricas en biodiversidad y recursos naturales- gozan de intangibilidad y deben ser protegidas. Esa misión recae  en el Servicio Nacional de Parques Nacionales (SERNAP).

 No obstante una veintena de áreas protegidas está en riesgo (ver infografía). Las amenazas van desde los impactos de megaobras sin consulta previa a los pueblos indígenas hasta avasallamientos ilegales que traen consigo deforestación, contaminación.

En medio está la caza furtiva, el tráfico de especies silvestres,  el chaqueo. Y como factor determinante, las actividades descontroladas de explotación y extracción de hidrocarburos y  minería.

“Los grandes proyectos como las hidroeléctricas y la explotación minera e hidrocarburífera que están en desarrollo en las áreas protegidas nacionales vulneran las leyes, incrementan las amenazas contra la biodiversidad y afectan los medios de vida de las poblaciones que viven de ella”, sostuvo el Colegio de Biólogos de La Paz en agosto pasado.

“Sin respetar el estándar internacional de derechos humanos, se promueven normas que  permiten la construcción de megaproyectos en áreas protegidas y territorios indígenas (Bala, Chepete, TIPNIS, etc.). Del mismo modo, se emiten resoluciones, decretos, permisos que facultan a empresas trabajar sin ningún tipo de responsabilidad jurídica y/o ambiental”,  evaluó el secretario jurídico de APDH.

Las recientes licencias de explotación en Tariquía “representan la clara intención de someter a las comunidades, además de poner en riesgo la estabilidad ecológica y ambiental por la perforación de pozos petroleros”, advirtió el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).