Medio: El País
Fecha de la publicación: domingo 25 de noviembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió a las autoridades del Consejo de la Magistratura tomar acciones contra los vocales de la Sala Penal Segunda de Cochabamba, Nelson Pereira y Anawella Torres, porque considera que levantaron ilegalmente la detención domiciliaria del suspendido alcalde, José María Leyes, denunciado en varios casos de corrupción.
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El pasado viernes, Leyes fue beneficiado con medidas sustitutivas en el proceso Mochilas I, caso donde se investiga la compra de 92.000 mochilas chinas con un presunto sobreprecio de más de Bs 10 millones. Para Arce esa determinación de ambos vocales es ilegal.
“Aparentemente está marcando un accionar de concusión entre algunos jueces, algunos vocales, con los abogados y con algunas personas que representan al señor Leyes. Estamos haciendo una investigación profunda, hemos tomado contacto con el Consejo de la Magistratura y esperemos que en las próximas horas se tomen las determinaciones que deban tomarse”, manifestó el ministro.
Dijo que este tipo de decisiones judiciales es una ofensa al municipio de Cochabamba, porque se está favoreciendo a una autoridad suspendida que está vinculada en a varios casos de corrupción escandalosos, como son los casos Mochilas I y II, sobreprecios en la implementación de una plan de ciudad segura y de familiares de Leyes que aparentemente manejaban con “despotismo” la Alcaldía.
El Ministro apuntó que la justicia en Cochabamba está actuando “por fines oscuros, mezquinos y sectarios que deberán ser investigados hasta las últimas consecuencias”.
Pidió a los jueces y vocales tratar a Leyes como a un ciudadano más y no incurran en “maniobras judiciales” para favorecer indebidamente a esta exautoridad implicado en hechos de corrupción.
“(La alcaldía de Cochabamba) se ha manejado realmente de la peor manera, de la manera más corrupta como se puede manejar una institución”, manifestó.
Temen por los testigos
En la misma línea del ministro, la concejala Roció Molina (MAS) pidió al Consejo de la Magistratura que investigue la conducta de los dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia porque “aquí hay gato encerrado”, la resolución es totalmente “irracional”, porque permitiría que Leyes “retome el control” del municipio, sostuvo.
Dijo que el Consejo Municipal también tiene que asumir medidas en base a la resolución de la Sala Penal Segunda, que aún no conocen, porque de acuerdo a información extraoficial el Alcalde que todavía está suspendido, no podría tener contacto con algunas unidades imprescindibles en la gestión, como son la unidad de Sistemas, Finanzas y Transparencia ¿En qué condiciones puede seguir gobernando si no puede tener contacto con estas unidades?, cuestionó Molina.
Por otra parte, lamentó que la administración de justicia no garantice la seguridad de los testigos, porque con el retorno de Leyes se puede generar una corriente de amenazas hacia las personas que coadyuvaron con las investigaciones de esta “red de corrupción y organización criminal”.
“Ahora nuevamente retoma el control del municipio y puede generar venganzas contra quienes (han contribuido en las investigaciones), (porque) se han publicado sus declaraciones en el Ministerio Público, me parece irresponsable por parte de la justicia el dar estas señales tan negativas en la lucha contra la corrupción”, afirmó.
Asimismo, dijo que planteará la intervención del Servicio Estatal de Autonomías para que oriente al Consejo Municipal sobre el retorno el alcalde José María Leyes, después de seis meses de haber estado ausente.
