La estrategia de Choque es, sin embargo, menos arriesgada, aunque más costosa. “Yo me contrato a una persona para que me haga correr en la moto desde mi comunidad hasta el Concejo; es una hora de viaje. Llego a la oficina y primero miro el panel informativo, porque las convocatorias las publican en la noche o faltando pocas horas para la sesión. Ahí me entero que se han ido a sesionar a otro lado y nuevamente debo pagar otros 80 bolivianos para que me lleven en moto a ese lugar”.

Así, en medio de acciones de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, e incluso violencia física y psicológica, 78 (96%) de las 81 mujeres que denunciaron acoso y violencia política este año, en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), continúan cumpliendo las funciones públicas para las que fueron electas, bien defendiendo sus derechos en instancias judiciales, o bien generando estrategias personales para que dichas acciones afecten lo menos posible la gestión municipal o departamental y su vida misma, tal como lo hacen las autoridades antes mencionadas.

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Paridad Democrática del OEP alerta sobre estas acciones que tienen lugar en el ámbito político nacional, pues constituyen formas de violencia que menoscaban los derechos políticos de las mujeres autoridades electas, con el objetivo de impedir el ejercicio de sus cargos y evitar que participen en las decisiones. Ellas resultan amenazantes para quienes tradicionalmente ejercieron el poder y defienden prácticas del patriarcado.

El acoso y violencia política es uno de los principales obstáculos que actualmente enfrentan las mujeres en función político-pública y que amenaza con expulsarlas de los espacios de decisión que han conquistado tras una larga lucha. Cabe recordar que Bolivia es el segundo país del mundo y el primero de la región respecto al número de mujeres electas en el ámbito legislativo, según una nota de prensa del Observatorio de Paridad Democrática.

De acuerdo con datos del Observatorio de Paridad Democrática, en lo que va del año, 81 mujeres denunciaron acoso y violencia política en el OEP, a nivel nacional. De ellas, 37 (46%) abandonaron sus casos cuando ya estaban en instancias judiciales, desistieron de la denuncia o ésta fue rechazada por el Ministerio Público.

Por otro lado, 41 denuncias (51%) se mantienen activas, vale decir que las denunciantes persisten en defender sus derechos políticos, aunque para ello deben peregrinar entre engorrosas gestiones judiciales y tolerar el incremento de la hostilidad de parte de sus agresores. Por el contrario, 3 (4%) decidieron dar un paso al costado definitivamente (renunciaron a sus cargos) al ver que sus denuncias no prosperaban en el ámbito judicial.

Cabe resaltar que, pese a los obstáculos estructurales y altos costos políticos y procesales que conlleva realizar una denuncia, las mujeres autoridades electas han decidido dar este paso en defensa de sus derechos políticos y amparadas en la normativa vigente. En este contexto, precisamente, es el OEP la primera instancia a la que deben hacer conocer su renuncia a una candidatura o cargo, según dispone el artículo 24 de la Ley Nº 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Asimismo, el artículo 25 de la citada ley establece que “las autoridades y/o servidores o servidoras públicas del Órgano Electoral que tengan conocimiento de la comisión de actos de acoso y violencia política, remitirán los antecedentes, bajo responsabilidad, al Ministerio Público.

En el marco de sus competencias, el OEP dispone del Reglamento para el trámite de recepción de denuncias y renuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas, electas o en función político-pública, el cual tiene como premisa garantizar los derechos políticos de las mujeres. En esa línea, si advierte indicios de acoso y violencia política en las causas de una renuncia, no da curso a la habilitación del suplente hasta que no se esclarezcan los hechos.

Así lo hizo el OEP con los 16 casos de mujeres autoridades electas que este año presentaron renuncia a sus cargos, motivadas por situaciones de acoso y violencia política. Según el citado reglamento, el servidor o servidora pública que recibe la renuncia, debe realizar una breve entrevista a la autoridad renunciante, a fin de confirmar si ésta se presentó de forma voluntaria y libre, y sin que exista de por medio ningún tipo de presión o acoso y violencia política.

A pesar de que Bolivia es el primer país de la región en contar con una normativa específica contra el acoso y la violencia política, hasta el momento no se emitió ninguna sentencia en esta materia, a seis años de la promulgación de la Ley Nº 243.

El 26 de abril de 2018, las concejalas Apaza y Choque presentaron denuncia por acoso y violencia política en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, contra el Alcalde, el Presidente del Concejo Municipal y los otros dos legisladores con los que comparten funciones en el Gobierno Municipal de San Pedro de Curahuara, provincia Gualberto Villarroel de La Paz. Según sus testimonios, el hostigamiento del que son víctimas empezó cuando ellas comenzaron a fiscalizar ciertas acciones del Ejecutivo edil.

“El Presidente del Concejo y dos concejales –afirma Apaza- me acosan y violentan políticamente porque he observado algunas cosas del Alcalde. Ellos realizan las sesiones en lugares alejados y sin publicar las convocatorias para que mi compañera (Zaida Choque) y yo no podamos asistir a las sesiones, nos pongan falta y nos boten. Para evitar eso, me he comprado una moto con la que les sigo a los concejales hasta donde ellos van a sesionar. Una vez me he accidentado en la moto, pero igual, he decidido no darles el gusto de abandonar mi cargo; voy a cumplir mi mandato como mi pueblo me ha encomendado”.

Del mismo modo, la concejala Zaida Choque ha decidido dar batalla y hacer respetar sus derechos políticos. “Mientras cuente con el apoyo de mi familia, yo seguiré adelante. Además, esta experiencia me está haciendo más fuerte”.

Con la misma determinación, la concejala por el municipio de Huarina Juana Choque (MAS) resiste siete meses sin salario. El calvario de esta legisladora de 56 años comenzó a principios de este año, cuando al cumplirse la mitad de su gestión, su suplente comenzó a exigirle que renuncie y que le ceda la titularidad del cargo, tal como habían acordado al inicio de su mandato, en 2015.

“Es cierto, yo he firmado un acuerdo delante de las autoridades de mi comunidad para entregarle el cargo a mi suplente; incluso he compartido mi sueldo con él durante cuatro meses. Pero ahora que conozco las leyes no pienso renunciar”, afirma la legisladora, cuyo caso es seguido por una comisión interinstitucional, conformada por el OEP, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Autonomías.

El artículo 289 de la Constitución Política del Estado señala que “el período de mandato de las concejalas o concejales departamentales, asambleístas regionales y concejalas o concejales municipales será de cinco años”.

Según el artículo 8 de la Ley Nº 243, algunos de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres son aquellos que: d) Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres; p) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.