Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 25 de noviembre de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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La misión de los funcionarios contratados se enfocará en realizar el empadronamiento y la actualización de datos permanentes de bolivianas y bolivianos con residencia fuera del país. El nombre que el decreto le pone al cargo es “representante designado en el exterior”.
En el artículo 3 del decreto supremo advierte que “se autoriza al TSE la cancelación por compensación del costo de vida, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente, aplicable exclusivamente a las servidoras y servidores públicos de su dependencia que prestan servicios en el exterior”y que serán financiados por el TGN.
Los casos de compensación son los siguientes: Argentina, Bs 9.116; Brasil, Bs 11.377; Chile, Bs 9.317 y España, Bs 10.176.
Además advierte que esta asignación “se ajustará periódicamente de acuerdo al comportamiento de los factores que determinan el índice de costo de vida de Naciones Unidas para cada país” y aclara que no constituye un componente del salario, no es un subsidio ni una bonificación funcional.
Las reacciones
El jefe de la bancada del MAS en Diputados, David Ramos, en contacto con este medio, señaló que “la verdad me estoy sorprendiendo, no tengo conocimiento de este decreto supremo. Prefiero no opinar”, manifestó el asambleísta.
Por su parte, el senador opositor Arturo Murillo manifestó que todos estos decretos “que se inventan”, como el de los guerreros digitales, “reclutan gente para hacer campaña. No se necesita esta gente en el exterior para hacer un registro biométrico. Tranquilamente la gente designada y que gana un salario en los consulados y embajadas, podrían dedicarse a hacer ese trabajo”, advirtió.
Complementó que son invenciones para tener “campañeros pagados fuera del país. El Gobierno no deja de sorprender en los mecanismos para dilapidar los recursos del país”, acotó.
En otro tema, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, informó el sábado que esa instancia registró hasta el momento 4.057 trámites de renuncia y anulaciones de militancias políticas en el país. Sin embargo, son más de 11.000 en todo el país.