Sólo Macondo  podía dar esta historia. Todos cambiados,  los que eran del partido rojo aparecieron  de su archienemigo verde, los azules son variopintos,  miembros del Tribunal Electoral, que han jurado que no pertenecen a ningún partido, son ahora honorables miembros de un  partido. 

Unos dicen, las máquinas  que imprimieron esos certificados se volvieron locas; otros, como el ingeniero vicepresidente del Tribunal Superior Electoral, conocido por sus respuestas contundentes, esta vez no sabe qué decir,  con el rostro adusto repite: “Los partidos son los responsables”. O sea, según su raquítica explicación,  hubo acuerdos en los partidos para volver al Demócrata, presidente de  la Asamblea Departamental de Santa Cruz, miembro del MAS, y a un  diputado de Unidad Nacional, conocido por sus ocurrencias e imaginación en su oposición al gobierno, pintado de azul. 

 Al final del día, desde el gobierno podrán decir  que  ha sido la mano negra del imperialismo, si Rusia ha hackeado y  hecho trizas a los ordenadores de la Casa Blanca, “¿por qué Washington  no podría repetir  esa operación para frenar la revolución evista?”

Por otro lado, son una burla a la población los comunicados solícitos de los miembros del Tribunal para que todos los calumniados, injuriados, humillados al haber sido bautizados –por algún maléfico político-   corran a las cortes a testificar que no son de  tal o cual partido, perdiendo su tiempo. Peor aún, aquellos que se cuidaron toda su vida para mantenerse vírgenes de la política ahora la  perdieron, escuché decir a un señor con una paciencia digna de encomio.

 Pero el hecho más grave aún es que, por ejemplo, de una empresa periodística de 50 trabajadores cinco estén inscritos ilícitamente, lo que da un porcentaje del  10% del ilícito, lo que  empieza a plantear las magnitudes que puede asumir este fraude colectivo. 

 Es un fraude porque se ha  vulnerado el derecho a la privacidad de tus datos personales, suponíamos celosamente guardados por el Serecí y el SEGIP.  Esto conlleva los delitos de falsedad material  e ideológica   y uso de instrumento falsificado (firma). Si fuera de cinco al 10 % significaría que todos esos partidos por ley no deberían ser reconocidos.  Por eso no es el ciudadano el que debe  correr a las oficinas de los tribunales electorales, son ellos los que  deben revisar uno por uno los inscritos, compararlos con el Padrón Electoral y dar su conformidad; de lo contrario, estarían cometiendo el delito de aceptar esa información fraudulenta y, por supuesto, son los partidos que tienen que ser procesados por el dolo.

Por otro lado, significa que aquellos que han  hecho uso de la información personal (nombre, número de carnet y firma) están en posesión de datos que también podrían volverse a utilizar en las próximas elecciones.  En este caso, el MAS, que  ha inscrito más de un millón de militantes, suponiendo que el  10% son fraudulentos, está en posición de 100 mil votos que -de una u otra manera- pueden ser utilizados para un gran fraude  en las elecciones del próximo año, y todo para legalizar la ilícita participación de Evo Morales. 

 En ese paquete estarán los nombres de muchísimos empleados públicos que han sido inscritos sin su consentimiento y que debido a la amenaza de  la pérdida de su fuente de trabajo, no estarán entre aquellos que vayan a las oficinas del Tribunal Electoral  para llenar los formularios pidiendo la eliminación de su inscripción ilegal.

Con todo esto se ha provocado  una gravísima pérdida en la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral, ya menguada con la renuncia poco transparente de dos de sus vocales. Todo ello amerita una profunda investigación, caso por caso:  revisión de los libros, estudios grafológicos y, al final, lo más consistente, una auditoría a esos registros partidarios. 

Pero  la solución va más allá, pues  la única que atinó a dar una respuesta, en principio por lo menos coherente, fue la presidenta del TED de Santa Cruz, que atribuyó el enredo a la premura con las que se llevó a cabo la convocatoria a las primarias y la falta del Padrón Biométrico para la inscripción partidaria, que recién estará para el año 2025, fecha inicialmente prevista para que se comience a implementar ese procedimiento. 

Lo que lleva a pensar que la única solución posible es la derogación de la normativa para realizar elecciones primarias para estas elecciones. La eliminación de esa norma artificial, que fue aprobada con el único fin de legalizar el binomio ilegal del partido de gobierno y, en consecuencia su implementación el año 2025, como estaba previsto inicialmente.