En abril del 2017, la marcha liderada por mujeres comunarias desde la Reserva hasta la ciudad de Tarija no fue insignificante para los tarijeños. La pretensión del Gobierno nacional de ingresar a un territorio protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) sin la autorización de los comunarios y con el evidente rechazo de la población general del departamento fue el inicio de una secuencia de acciones por parte de los polos.
Las comunidades de Tariquía se dividieron y crearon dos Centrales Campesinas cuyo motivo de rivalidad era la postura sobre los trabajos petroleros. Por otra parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció el retiro del proyecto pero poco después se desmintió y el avance continuó, paso a paso.
De esta manera, se presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) un Amparo Constitucional por el que se llevará a cabo una audiencia el jueves 29 de noviembre a las 17.30 horas. Esta audiencia significará una nueva oportunidad para reiterar la postura en rechazo.

La asambleísta departamental por Unidad Demócrata Autonomista (UD-A), María Lourdes Vaca, manifestó la preocupación que representa para Tarija la decisión que tomó el Gobierno central sin el consentimiento de las comunidades afectadas, ni haber cumplido con la consulta previa al entregar la licencia medioambiental a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco para que desarrolle proyectos de perforación.
“Ya están las licencias ambientales emitidas. No se realizó la consulta como requisito fundamental y sin embargo, es un acto consolidado por el Gobierno”, dijo y explicó que el Amparo pretende devolver el derecho a la petición de informe sobre la licencia, consulta y contratos de garantía para la ejecución de la obra por parte de las petroleras.
Entre tanto, la Gobernación no emitió una opinión al respecto. Vaca señaló que el gobernador, Adrián Oliva, al inicio aceptó la intervención por parte de las petroleras a la Reserva nacional pero un año después se retractó y escogió proteger Tariquía y dejar a un lado la explotación de reservas hidrocarburíferas dentro de este margen precautelando lo intereses del medio ambiente del departamento.
Sin embargo, los integrantes de la plataforma criticaron las actitudes del Gobernador por no integrarse a las acciones que se realizaron para frenar las intervenciones petroleras a pesar de las reiteradas invitaciones. “Lamentamos profundamente el silencio y la complicidad de la Máxima Autoridad Departamental (MAE), Adrián Oliva, en no realizar ningún pronunciamiento para poder prevenir la acción del Gobierno”, dijo.
Los comunarios de la zona que rechazan la intervención, se reunirán el sábado 24 de noviembre para analizar la situación. Paola Gareca, una de las dirigentes de la Subcentral, señaló que los campesinos de la zona se mantienen unidos. El apoyo de las diferentes organizaciones del departamento está presente y no retrocederán hasta las últimas consecuencias.

Licencias ponen en riesgo la Reserva

La otorgación de licencias ambientales a los proyectos hidrocarburíferos Domo Oso, Churumas y Astillero -comunidades de la reserva de Tariquía- representan la clara intención de someter a las comunidades que habitan en la Reserva, además de poner en riesgo la estabilidad ecológica y ambiental por las características que implican la perforación de pozos petroleros, advirtió el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).