“Estamos presentando una primera demanda de una centena de personas afectadas o que figuran como militantes de fuerzas políticas en los registros del Órgano Electoral, sin su consentimiento”, explicó Arias a los periodistas.

Añadió que la decisión de presentar la demanda fue asumida porque causó malestar en la población el mal uso de datos y la suplantación de identidad.

Arias expresó su susceptibilidad porque, como se usaron identidades para registrar militancias fraudulentas, también se pudieron usar para tramitar ilegalmente préstamos o cometer otros delitos.

Arias recordó que el Órgano Electoral es el responsable de garantizar la autenticidad de los datos de los ciudadanos.

“El momento que los datos de los bolivianos ingresan al Órgano Electoral se convierte en depositario, el garante de que esos datos no sean objeto de manipulación”, puntualizó.

Arias señaló que ya se recibió unos 500 reclamos mediante móvil, de los cuales 100 son desde Estados Unidos.

Aclaró que la denuncia presentada sólo es el inicio, porque se sumarán más personas afectadas y se la incluirá como parte querellante más adelante.

Agregó que también se está pidiendo a la Fiscalía que se garantice la seguridad de los datos de la ciudadanía y que no se usen de manera ilegal.

Anunció que esas denuncias se replicarán en varias regiones del país, donde hay personas afectadas por el mal uso de sus datos.

Por su parte, el abogado Durán indicó que los delitos denunciados están manipulación informática, uso de instrumento falsificado, falsedad materia e ideológica, además de otros que se vayan evidenciando en el transcurso de la investigación.

Invitó a la población, que aparece como militante de forma fraudulenta, a contactarse con ellos por teléfono celular para incluirlos como denunciantes en este proceso.

Futuro registro de militantes

Por su parte, Antonio Costas, vocal y vicepresidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), admitió que se cometió el error de no presionar a las organizaciones políticas para que presenten un registro biométrico de su militancia.

“No podemos confiar en la acción de los partidos políticos, al que se les delegó para que conformen el padrón de militantes. Ahora esa acción debe ser tutelada de manera directa por el TSE”, añadió el vicepresidente del TSE.

Según Costas, la biometrizacion del padrón de militancia debía ser progresiva hasta el 2024; sin embargo, la situación generada esta semana obliga a replantear en una solución. Insistió en que los partidos son los que generaron toda la polémica de la falsa militancia.

“Yo creo que de haber sido más firmes y el haber confiado en que el tratamiento de la Ley (de organizaciones políticas) iba a darse de la progresividad de los hechos. Eso parte de la mea culpa que debíamos hacer nosotros, porque finalmente nuestra posición debió ser más firme”, enfatizó.

Asimismo, ratificó que, hasta el 21 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral recibió más de 500 solicitudes de renuncia y anulación de militantes.

Auditoría al padrón electoral

Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos, del opositor Movimiento Demócrata Social (Demócratas), sostuvo que “hemos solicitado formalmente los Demócratas que se lleve a cabo una auditoría al padrón electoral y al padrón de militantes de los partidos políticos, con participación de las organizaciones políticas y responsables informáticos, para transparentar los padrones”.

El secretario General de los Demócratas, Oscar Ortiz y Barrientos presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su solicitud a raíz de las irregularidades que se detectaron en el registro de militantes, luego que cientos de personas de todo el país denunciaron que aparecieron inscritos en diversos partidos sin su consentimiento.

El diputado reconoció la contaminación de los registros de los partidos. “Tenemos un padrón de militantes sucio, trucho, que indigna a la ciudadanía y sobre un Tribunal Supremo Electoral que se lava las manos, deslinda responsabilidades”, sostuvo.