Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 22 de noviembre de 2018
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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Los pueblos indígenas resaltaron esta acción como un primer paso histórico en la lucha para consolidar su territorio. Recodaron la marcha que protagonizó ese sector en 1990 exigiendo el derecho propietario sobre sus espacios de vida.
En el Bosque de Chimanes expusieron un cartel que señala: “Tierra fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia declarada mediante Decreto Supremo 22611 del 24 de septiembre de 1990, para asentamiento de comunidades indígenas Chimanes, Mojeños, Yuracaré y Movimas que la habitan”.
Las áreas correspondientes a las exconcesiones forestales Hervel, Monte Grande, Fátima y Cimagro, denominadas polígonos 170 y 171, abarcan aproximadamente 183.722 hectáreas que ahora deberán ser tituladas a favor de la Subcentral del TIM.
Después de años de presión y lucha de los pueblos indígenas, el INRA aceptó la denuncia y visitó el territorio corroborando asentamientos que son ilegales.
“Se notificó a las personas asentadas irregularmente para que procedan a irse voluntariamente y cumplido el plazo el INRA con el acompañamiento de la Subcentral TIM, iniciará hoy el desalojo que es un paso importante en la consolidación territorial”, explicó la responsable regional del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS, Fátima Monasterio.
El presidente del TIM, Bernardo Muiba resaltó los esfuerzos que han realizado para hacer cumplir su derecho territorial.
“Hemos trabajado de acuerdo al cronograma que se había quedado la reunión pasada con el INRA. Esta aquí el INRA para cumplir con el desalojo de los interculturales, las empresas madereras y los ganaderos. El día de hoy estamos entrando a las ex concesiones forestales para poder realizar el desalojo y la colocación de los tableros de tierras fiscales”, explicó Muiba.
Según los antecedentes, en los años ochenta empresarios, con autorización del Estado Boliviano, ingresaron a explotar los recursos forestales en este área. Ante esta amenaza, las organizaciones del lugar decidieron emprender la histórica Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad” el 15 de agosto de 1990 junto a las comunidades de los ríos Isiboro, Sécure, el Ibiato y al menos 300 indígenas de tierras bajas.
Uno de las conquistas de aquella movilización fue la promulgación del Decreto Supremo 22611 que reconoce todo el Bosque de Chimanes como área indígena y en su interior establece los límites del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y el Territorio Indígena Chimán (TICH), además del área de aprovechamiento forestal, donde siete empresas continuarían extrayendo madera por un lapso de 20 años (en 2011) que luego –según el art. 11 de la mencionada norma- debería pasar a formar parte integral de los territorios de los pueblos indígenas.