El Tribunal Supremo Electoral decidió ampliar hasta el 5 de diciembre el plazo para tramitar renuncias.

El escándalo de las inscripciones truchas en el padrón de militantes de los partidos políticos continúa en ascenso y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se encuentra en el ojo de la tormenta. Ayer jueves un grupo de ciudadanos presentó una denuncia por varios delitos contra ese organismo, mientras que los Demócratas exigen una auditoría al padrón general debido a estas irregularidades.

Ante la cantidad de ciudadanos que se volcaron hasta la OEP para tramitar renuncias, anulaciones y restituciones, ese organismo decidió ampliar hasta el 5 de diciembre el plazo para estas gestiones e incluso dispuso que su personal atienda los fines de semana.

El anuncio lo hizo el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas y recordó que el plazo inicial para el cierre de estos trámites vencía el 28 de noviembre.

El lunes 19 de nobiembre el OEP puso a disposición de la ciudadanía una aplicación para verificar los registros de militancia y luego de ello miles de personas denunciaron que aparecían en partidos a los que nunca se registraron.

Un grupo de aproximadamente 100 personas, encabezadas por el activista Iván Arias y el abogado Omar Durán, presentó la mañana de este jueves ante el Ministerio Público una denuncia contra el OEP por delitos penales, electorales e informáticos, además de otros que se pudieran identificar en el proceso de investigación sobre los registros truchos.

“Presentamos ante la Fiscalía esta denuncia para que nos garanticen y nos digan qué hacen con nuestros datos, quién los maneja, quién garantiza que mis datos estén encriptados y no estén siendo utilizados de una manera ilegal y abusiva”, explicó Arias.

Dijo que recibieron unas 500 denuncias, 100 de ellas de ciudadanos bolivianos que residen en Estados Unidos, y anunció que los demandantes ante el Ministerio Público crecerán en número en la medida que autoricen el uso de sus documentos.

A este panorama se suman las demandas penales presentadas ayer en distintas partes del país contra los miembros de los partidos políticos que resulten responsables de las inscripciones irregulares. Es el caso del abogado cochabambino Rolando Ramos, quien tras aparecer en las listas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) inició una demanda por falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado contra el autor o los autores de este hecho.

Entretanto, el opositor Movimiento Demócrata Social (Demócratas) presentó al TSE una solicitud formal de auditoría al padrón electoral, que contemple la participación de representantes de todas las organizaciones políticas del país. El objetivo: asegurar la transparencia de los próximos procesos electorales.

En el pedido, los Demócratas explican que tomaron esta iniciativa a raíz de “las irregularidades detectadas en el padrón de militantes de las organizaciones políticas,  que reflejan las deficiencias en cuanto al uso de la base de datos e información personal de las ciudadanas y ciudadanos en el Órgano Electoral Plurinacional”.

DEFENSA

Los vocales del Tribunal Electoral, en distintas intervenciones, defendieron la fiabilidad del trabajo que realizan y responsabilizaron a los partidos políticos por la entrega de libros con registros truchos.

Denuncia

Ayer se dio a conocer el reglamento para el registro de candidaturas a las primarias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual excluye el artículo 168 de la Constitución que impide una segunda reelección consecutiva.

Así lo denunció a través de su cuenta de Twitter el expresidente y candidato a las primarias por el FRI, Carlos Mesa, que apuntó que el Tribunal, "a la medida" del presidente Evo Morales, limita los casos de prohibiciones e incompatibilidades a la postulación dejando fuera la prohibición de segunda reelección contemplada en el artículo 168 de la Constitución.

En un segundo tuit pidió: "el TSE debe modificar tal exclusión y controlar el cumplimiento del artículo 168 de la CPE como lo exige claramente el artículo 234 de la propia CPE".

El artículo 168 de la Constitución, señala: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.