Un grupo de 100 ciudadanos presentó ayer una demanda penal contra los vocales del Órgano Electoral (OEP) por siete delitos como manipulación informativa, uso de instrumento falsificado, falsedad material, entre otros que evidencian “fraude” electoral, hecho por el que se debería suspender la realización de las elecciones primarias mientras dure el proceso, según Omar Durán, abogado de los demandantes.

“Son cien personas entre Bolivia y el exterior, en esta primera denuncia por delitos electorales contra el Órgano Electoral, consignados en el artículo 238 (Ley 026 de Régimen Electoral) que hemos presentado. Tenemos más de mil demandas, pero hasta ayer (miércoles) solo cien adjuntaron sus documentos y como habíamos concluido el memorial nos incluimos a la misma Iván Arias, el diputado Rafael Quispe y mi persona”, explicó Durán.

El jurista aseguró que esta demanda es la primera de varias que presentarán por las varias denuncias de militancias falsas.

“Hemos dado a conocer el nombre de la persona y el partido político al que lo afilian, por eso estamos pidiendo, bajo un requerimiento fiscal, que requiera al Órgano Electoral, bajo un memorial, todos los libros y todas las listas para que se identifique las firmas y huellas y se haga un estudio de grafología”, informó Durán.

Los bolivianos que viven en el exterior detectaron que están inscritos en determinados partidos políticos, sin haberles comunicado, y por eso surgió la alerta.

“Por ejemplo, en Argentina aparecieron inscritos el padre, la madre y los cuatro hijos que son mayores de edad, excepto el menor de 9 años, entonces llamó la atención esto porque hubo premeditación y astucia en el uso de estos datos, parece que han visto que hay familias enteras en el exterior y han usado sus nombres, sus firmas y sus huellas digitales”, dijo.

¿Cuál es el efecto en las elecciones primarias una vez que se presentó esta demanda ante la Fiscalía?, fue la pregunta al jurista.

“Una vez que abran una investigación seria, el fiscal tendría que tomar medidas en el asunto y ver que hay fraude. Entonces si hubo un fraude en la manipulación informática de los datos y los nombres de las personas, debería suspenderse hasta que dure la investigación, caso contrario el Ministerio Público está de adorno”, indicó.

También se le consultó si los partidos políticos tenían cierto grado de culpa en estos registros falsos, respondió el abogado Omar Durán, que la Fiscalía determinará el grado de culpabilidad porque pidieron la investigación es tanto para el OEP, partidos políticos y otras instituciones, que entre ellas pueden estar empresas que se dedican a “vender datos”, puntualizó.