ANF  / La  Paz

Sin el consentimiento de las comunidades afectadas  ni haber cumplido con la consulta previa, libre e informada, la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) entregó a YPFB Chaco para que desarrolle proyectos de perforación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ubicada en el departamento de Tarija.

La instancia gubernamental emitió dos Declaratorias de Impacto Ambiental (DIA), la primera para la “perforación pozo Astillero X1 y Astillero X2” y la segunda para el proyecto de “intervención del Pozo Chu X2 y perforación del Pozo Chu X3”, más conocido como proyecto Churumas, en el municipio tarijeño de Padcaya, y la tercera para Domo Oso X-1 y Domo Oso -X-2.

De acuerdo con  los documentos, después de  realizarse un “estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral” de los proyectos, se determinó el permiso para la ejecución de los mismos: “habiéndose cumplido con los requisitos mínimos desde el punto de vista ambiental, por lo cual queda autorizada la implementación del proyecto”, se lee. Para el primer proyecto el permiso fue dado a conocer el pasado 31 de octubre, mientras que para el segundo, el 9 de noviembre.

El otorgamiento de licencias ambientales a los proyectos hidrocarburiferos Domo Oso, Churumas y Astillero  representan la clara intención de someter a las comunidades que habitan en la reserva, además de poner en riesgo la estabilidad ecológica y ambiental por las características que implica  la perforación de pozos petroleros, advirtió el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

El senador por Tarija Fernando Campero, de Unidad Demócrata (UD),  y la dirigencia de la zona de Astillero  presentaron en el mes de julio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta para que se declaren inconstitucionales las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050 de aprobación de proyectos de exploración y explotación petrolera en Tariquía, con  el argumento de  que dichas leyes van en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).

El CEDIB alertó que el proyecto Churumas amenaza el corazón de la Reserva Tariquía, y que a pesar del rechazo de las comunidades a la actividad petrolera en el Área Protegida (AP) y pese a los pedidos,  la exploración avanza en esa zona.