Me he hecho el propósito de -hasta donde sea posible- no involucrarme en el artificial ambiente electoral propiciado por el régimen para violar, contra todo principio jurídico, contra la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016 e incluso contra el sentido común, la Constitución que el propio señor Morales Ayma promulgó y que juró respetar al asumir su segundo periodo -el último al que podía aspirar legalmente-.

Pero, sin apartarme de tal objetivo, hay temas estructurales que, no obstante estar ligados a la coyuntura, los podemos abordar por separado, justamente para desvelar la absurda cuanto peligrosa electoralización en la que se encuentra la sociedad por obra y gracia -repito- de un régimen dispuesto a todo para imponer sus inhabilitados candidatos en las próximas justas electorales nacionales.

Estuviese escribiendo de otra cosa si no hubiera sucedido el hecho que ha provocado un remezón en la sociedad boliviana. Me refiero, por supuesto, al escándalo de las militancias “truchas” (militransas) conocidas a raíz de las consultas de la ciudadanía mediante el sistema que el TSE habilitó a comienzos de esta semana.

Por el lado amable, la iniciativa puede ser vista como una ejemplar medida de acceso a la información, en el sentido de que el proyecto de ley de acceso a la información pública actualizado se encuentra durmiendo ya varios años a la espera de su tratamiento, por la absoluta falta de voluntad del régimen para su aprobación y posterior entrada en vigencia.

Lo ocurrido con el padrón de militantes puede ser la razón del desinterés del régimen por contar con una ley de acceso y transparencia de la información pública: ¡Cuántas cosas inenarrables aparecerían si se abrieran las puertas de la información del Estado! (con las excepciones, lógicamente, de temas de seguridad y de política exterior confidenciales).

Lo ocurrido desnuda una absoluta falta de, cuando menos, cuidado en el manejo de los datos personales de los electores y muy mal hizo el TSE en querer quitarse el fardo de encima cargándoselo exclusivamente a los partidos políticos. En mi criterio, la responsabilidad sobre esta mayúscula vergüenza del sistema, está repartida a partes iguales entre uno y otros. No hay una hipótesis única que trate de explicar lo sucedido; probablemente se trate de una combinación de todas ellas y la que vaya apareciendo luego. Hagamos un repaso de algunas.

En lo que concierne al TSE, está claro que su sistema informático, ya sea por fallas humanas o técnicas, está absolutamente desfasado y probablemente esté obsoleto. Asimismo, la reacción de sus vocales no hizo más que generar mayor suspicacia hacia la institución.

El otro aspecto atañe a las formas de inscripción de militantes por parte de las organizaciones políticas, no siempre prolijas y a veces hasta engañosas -lindando, inclusive con el delito-.

Es común que los fines de semana, funcionarios públicos se instalen en lugares concurridos con tal objeto. A ellos se les entregan libros de registros que deben llenar a como dé lugar bajo sanción de perder sus puestos en la administración pública. Eso da para ir por el camino fácil de la “invención de datos”, técnicamente hablando, a la usurpación de datos personales.

¿Alguna vez usted firmó, de buena fe, libros de apoyo a una u otra causa -desde condena al maltrato animal hasta lucha contra el cáncer? No es descabellado pensar que, en manos de inescrupulosos, sus datos hubieran sido transcritos a libros de militantes partidarios.  En resumen, la mala fe y la incompetencia institucional dan como resultado un padrón de militantes hediondo. Así, no hay manera de ir a las dichosas “primarias”.

Puka Reyesvilla es docente universitario