El presidente del TIM, Bernardo Muiba explicó que pusieron un cartel que dice  “Tierra fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia declarada mediante Decreto Supremo 22611 del 24 de septiembre de 1990, para asentamiento de comunidades indígenas Chimanes, Mojeños, Yuracaré y Movimas que la habitan”, que simboliza el siguiente paso de su histórica lucha.

De esta manera iniciaron el desalojo del área de ex concesiones forestales de Bosque de Chimanes, parte integral del territorio ancestral de los pueblos indígenas que marcharon en 1990 exigiendo el derecho propietario sobre sus espacios de vida.

Las áreas correspondientes a las ex concesiones forestales Hervel, Monte Grande, Fátima y Cimagro –denominadas polígonos 170 y 171- abarcan aproximadamente 183.722 hectáreas que deberán ser tituladas a favor de la Subcentral del TIM. 

Después de años de presión y lucha de los pueblos indígenas el INRA aceptó la denuncia y visitó el territorio corroborando asentamientos que son ilegales.

“Se notificó a las personas asentadas irregularmente para que procedan a irse voluntariamente y cumplido el plazo  el INRA con el acompañamiento de la Subcentral TIM, iniciará hoy el desalojo que es un paso importante en la consolidación territorial”, explicó la responsable regional del  Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS, Fátima Monasterio.

“Hemos trabajado de acuerdo al cronograma que se había quedado la reunión pasada con el INRA. Esta aquí el INRA para cumplir con el desalojo de los interculturales, las empresas madereras y los ganaderos. El día de hoy estamos entrando a las ex concesiones forestales para poder realizar el desalojo y la colocación de los tableros de Tierras fiscales”, explicó Muiba.

Además señaló que recorrerán el área los días 21, 22, 23 y 24 de este mes. 

“Estamos haciendo el seguimiento para que este territorio se titule a nuestro favor. Es un sacrificio de nuestros padres y nuestro, no estamos pidiendo un favor al Estado, ni es un favor que se nos esté otorgando, es una lucha sufrida que en el año 1990 les costó 36 días a nuestro padres y abuelos hambre, sueño y sacrificio para lograr el D.S. 22611”, finalizó Moiba.

Desde los años ochenta empresarios con la venia del Estado Boliviano ingresaron a explotar los recursos forestales. Ante esta amenaza, decidieron emprender la histórica Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad” el 15 de agosto de 1990 junto a las comunidades de los ríos Isiboro, Sécure, el Ibiato y al menos 300 indígenas de tierras bajas.