Pocos sabían a quién votar, ya que la ley no permite hacer campaña a los candidatos a magistrados. Ese clima resultó propicio para que calara la consigna de la oposición a Evo Morales, que convocó a la ciudadanía a impugnar el voto como forma de protesta contra el gobierno. El foco estaba puesto en el virtual dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional que, en efecto, fue difundido el 28 de noviembre y habilitó la reelección indefinida de todos los cargos electivos, incluido el del presidente. Pocos creyeron en la declaración de Morales, que dijo que el fallo lo tomó por sorpresa: desde el referéndum vinculante del 21 de febrero de 2016, cuando se consultó precisamente sobre la posibilidad de una nueva reelección y una estrecha mayoría votó por “No”, la búsqueda de otras vías para la reelección consumió la mayor parte de las energías oficiales.

El tribunal encargado de interpretar la Constitución -que sólo permite una reelección consecutiva- dictaminó, basándose en su interpretación del Pacto de Costa Rica, que el derecho a “elegir y ser elegido” está por encima de las restricciones constitucionales de Bolivia. Y que ese derecho fundamental vale también para el presidente. La oposición consideró el fallo un agravio mortal al Estado de derecho.

“Evo Morales, finalmente, ha cruzado el río que separa la democracia del totalitarismo”, escribió el ex presidente Carlos Mesa en una columna en el periódico Página 7. Pero desde el gobierno insisten en que es “el pueblo” el que debe saldar la cuestión votando en 2019, cuando Evo irá por su cuarto mandato. Entretanto, los opositores señalan que ese pueblo ya zanjó la cuestión en el referéndum. En esta disputa por la voluntad del pueblo transcurre la política boliviana actual.

“Yo no estaba tan decidido, pero frente a esta amenaza del Departamento de Estado, que dice que yo debo renunciar a la candidatura en 2019, ahora estoy decidido y voy a ser candidato, hermanas y hermanos. Todo por bronca contra los Estados Unidos”, lanzó Morales durante un discurso en la entrega de una escuela en el departamento de Cochabamba. En el ideario de Evo, más práctico que teórico, el antiimperialismo que moldeó su pensamiento desde su época de dirigente campesino cocalero es uno de sus sedimentos más duros.

En programas de Radio Líder, ubicada en El Alto (4100 metros de altitud) y opositora a Morales, los llamados de los oyentes hablaban de “dictadura” y proponían usar el voto nulo en la elección del pasado domingo para repetir el mensaje del referéndum del 21 de febrero, que para la oposición representó el “día de la democracia”.

Así resultó: algo más del 50% impugnó el voto, a lo que se sumó casi un 15% de votos en blanco, lo que relegó el voto a algún candidato a alrededor del 35%, según el tribunal elegido. Ya en 2011, el voto nulo había conseguido más del 40%. En ese entonces la razón fue el desconocimiento de los candidatos a jueces; el domingo, ese desconocimiento se repitió, pero se sumó el mensaje plebiscitario contra la reelección.

Sin embargo, los porcentajes parecieron conformar a todos: el gobierno esperaba un escenario peor y, con los datos del conteo provisorio, se sintió en alguna medida aliviado; la oposición, por su parte, conseguía pasar el techo simbólico de la mitad más uno.

Pero precisamente porque todos están contentos es que la batalla política se mantiene abierta. Evo es un candidato fuerte y, en varios sentidos, un presidente que está los 365 días del año en campaña. Desde hace doce años se sostiene en una poderosa intuición política, en el control de un Estado con recursos económicos y en una economía que, a diferencia de la Venezuela de Nicolás Maduro, ofrece resultados que son elogiados incluso por los organismos internacionales del capitalismo global.

La expansión de restaurantes sofisticados, de la construcción y de autos de alta gama es sólo uno de los resultados más visibles de esta década en la que la economía boliviana mantuvo niveles de crecimiento de alrededor del 5% anual.

En las redes sociales aparecen críticas a la tibieza de los empresarios para enfrentar la reelección. También quienes hacen negocios en la populosa calle Huyustus de La Paz, donde la llamada “burguesía chola” puede vender desde plasmas de 65 pulgadas hasta todo tipo de ropa, parecen aprovechar el boom. El núcleo del descontento se ubica en las clases medias urbanas, con activa participación en las redes sociales: desde el referéndum de 2016, los memes comenzaron a ser una variable no despreciable de la erosión del gobierno, y Morales se volvió desde entonces un presidente tuitero.

Con un récord de permanencia en el poder en un país históricamente remiso a las reelecciones, Evo parece transitar por dos caminos que en principio resultan inconciliables: el de presidente electo democráticamente por los mecanismos de la democracia representativa y el de líder de indígenas y campesinos que “llegaron al poder para quedarse”.

Las dos juras presidenciales de 2006 -ante el Congreso y ante las ruinas de Tiwanaku, con atuendos “ancestrales”- son las dos imágenes del “desacuerdo” fundante de la presidencia del todavía hoy líder cocalero boliviano. En la decisión de Morales de ir por otro período hay una razón, sin duda, prosaica: permanecer en el poder, con sus beneficios inherentes. Pero también juega con la idea de que su misión es demasiado trascendente como para quedar sujeta al humor cambiante de mayorías circunstanciales y estrechas, como la del referéndum. En esta tensión se jugará el destino del proceso boliviano, que hoy se mueve entre la democracia pluralista y el forzamiento de las instituciones y el culto a la personalidad.

Los costos de la reelección por vía judicial (el gobierno no se atrevió a convocar otro referéndum) serán elevados, tanto en el interior de Bolivia como en el exterior, donde Morales se construyó como un figura-emblema seguida por millones de personas alrededor del globo. Uno de ellos es el retorno de la polarización, que se había debilitado en 2014, cuando Morales ganó incluso en la esquiva región agroindustrial de Santa Cruz.