Tras enterarse de que figura como militante del PDC sin su consentimiento, el abogado Rolando Ramos presentó ayer la primera denuncia ante el Ministerio Público de Cochabamba por los denominados “registros truchos” en el padrón de militantes.
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La demanda es por los presuntos delitos de falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado, que tienen una pena de hasta 6 años de cárcel.
Largas filas en puertas del TSE para anular registros truchos. Foto:Freddy Barragán/ Página Siete
Tras enterarse de que figura como militante del PDC sin su consentimiento, el abogado Rolando Ramos presentó ayer la primera denuncia ante el Ministerio Público de Cochabamba por los denominados “registros truchos” en el padrón de militantes.
Legisladores, exfiscales y activistas, que se vieron afectados, también alistan una denuncia por delitos electorales y penales, ante el uso de datos personales sin autorización en los libros de registro de partidarios.
“Quienes me han inscrito, me han suplantado y han falsificado mi firma en los libros de registro de militantes. Han cometido el delito. Pido la pena máxima”, afirmó Ramos, quien explicó que la denuncia es contra “el presunto autor o autores” del registro; y aclaró que una vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le entregue toda la documentación, ampliará su demanda identificando a los responsables.
La denuncia que presentó Ramos es por los presuntos delitos de falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado, cuya máxima sanción es de seis años de privación de libertad.
El activista Iván Arias informó que hoy presentará una denuncia ante la Fiscalía en contra de los vocales del TSE, por los delitos electorales de uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración o modificación del Padrón Electoral, que define la Ley de Régimen Electoral.
“El TSE es la institución que guarda nuestros datos, los mismos que deben ser fidedignos. Nos preguntamos ¿qué pasa con esas personas que no manejan internet o simplemente no tienen acceso al mismo? Mucha gente está afectada y por tanto, de forma inexcusable, la Fiscalía debe investigar”, dijo Arias, quien anunció que el memorial llevará la firma de al menos 600 ciudadanos afectados.
En esa línea, el exfiscal Marco Antonio Vargas indicó que tiene listo otro memorial para pedir al Ministerio Público que investigue a los vocales por su “registro fraudulento” como militante. “Se han cometido muchos delitos por el uso de nuestros datos, firmas para decir que somos militantes de un partido”, protestó Vargas, quien manifestó que figura como partidario del Movimiento Tercer Sistema.
El diputado masista Édgar Montaño, que figura como militante de PAN-BOL y el asambleísta departamental oficialista Gustavo Torrico, que aparece como militante del FRI, advirtieron que presentarán una demanda contra los delegados de los partidos, porque fueron inscritos sin su consentimiento.
“En septiembre mi persona hizo conocer este hecho al TSE. Se les pidió anular. Todo es ilegal. Asumiré las acciones legales que corresponden”, afirmó el diputado Montaño, quien subrayó que falsificaron su firma para cometer el delito.
Falsedad material
El Código Penal, en su artículo 198, establece que comete el delito de falsedad material: “El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.
Falsedad ideológica
El artículo 199 de la norma dice que: “El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años”.
Uso de instrumento falsificado
El artículo 203 del Código Penal señala que “el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad”. La norma establece que por falsedad la sanción es de privación de libertad de uno a seis años.
