La Iglesia Católica ha señalado que "se han roto los principios básicos de la democracia: el respeto a las leyes, a la institucionalidad y a la separación de los poderes del Estado, lo que abre el camino al totalitarismo y al dominio del más fuerte, con el consiguiente menoscabo de la libertad del pueblo". Hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), señalando que significa "un retroceso en la democracia del país, justo en el año en que se cumplen 35 años de su conquista por parte del pueblo boliviano".

Mediante un comunicado, los obispos, emitieron un pronunciamiento que señala que "sin respeto a las leyes no hay democracia", y que no pueden callarse ante lo que está sucediendo. Puntualiza que la sentencia del TCP "malinterpreta el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo es justamente lo contrario, (porque lo que busca en esa norma) es proteger a los ciudadanos de la perpetuación en el poder de los gobernantes". El pronunciamiento también dice que "como Iglesia, hacemos votos para que nuestras autoridades nacionales escuchen la voz del pueblo, antes de descalificarla por intereses políticos. Exhortamos a las autoridades judiciales elegidas a devolver la credibilidad en la justicia y trabajar en una renovación del orden judicial".

Los empresarios privados también emitieron un extenso pronunciamiento, demandando la preservación de la supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE) y observaron "una inadecuada administración de la Justicia reflejada en los recientes fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional". El Consejo Nacional de Presidentes de entidades afiliadas a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de manera unánime, consideró que el centro de la atención del sector empresarial del país es la economía, el empleo y la generación de valor. "En ese marco, nuestro rol es invertir y promover desarrollo; para ello, es condición indispensable, la prevalencia del Estado de Derecho y la democracia como pilares esenciales de la vida nacional" señala en parte saliente el pronunciamiento de este sector. Puntualiza que la CPE, "refleja un pacto social entre todos los bolivianos, respecto de cómo constituir el poder político, el ejercicio de éste y los derechos y obligaciones de todos los que compartimos un mismo destino en Bolivia..."

Otros sectores como la Central Obrera Boliviana, organizaciones sindicales, colegios de abogados, universidades y otros advierten con medidas de presión. La Asamblea de la Cruceñidad emitió una resolución de ocho puntos, en los que convoca a un paro nacional, y realizar una marcha el próximo 15 de diciembre. Califica como "traidores a la patria" a los magistrados que fallaron a favor de la reelección del presidente Evo Morales, a quien le pidieron respetar la Constitución Política, el fallo del 21 de febrero pasado y cumplir su mandato constitucional, como lo establecen las leyes en Bolivia.

Fue el directorio del Comité pro Santa Cruz, que determinó convocar a la Asamblea de la Cruceñidad. La Asamblea es la máxima instancia de toma de decisiones del Comité pro Santa Cruz y en la reunión participaron representantes de los 24 sectores que la conforman, tales como agropecuarios, empresarios, gremiales, transportistas, entre otros.

La delicada situación que se presenta para el futuro del país, también movió a algunos partidos políticos que promueven la unidad en torno a la defensa de la democracia. Inicialmente, 7 partidos emitieron un pronunciamiento llamando a unir fuerzas para defender el proceso democrático. Para que los partidos, que tradicionalmente buscan solamente intereses sectarios, resulta novedoso llamar a la unidad en defensa de principios legales.

La reacción ciudadana frente a la coyuntura actual, en la que se está perdiendo el estado de derecho, crece en la medida en la que se lanzan nuevos atropellos al ordenamiento legal mostrando actitudes autoritarias. Se ha olvidado la promesa de gobernar escuchando al pueblo, y en su lugar se intensifican las descalificaciones hacia las expresiones de organismos que manifiestan su disconformidad con el abuso, la corrupción y los desaciertos del gobierno.