“De existir algún tipo de situación que se calificara como delito, correspondería en su caso que investigue la justicia ordinaria y los responsables del hecho llegan a ser personas, no instituciones”, indicó.

Mamani hizo referencia al principio del Derecho Penal de “intuitu persona”, mediante el cual se entiende que el delito se puede atribuir sólo a individuos y no a a entidades. Señaló que, en este caso de los registros, el procesamiento penal recaería a la persona que realizó actividades como el llenado de libros o similares.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, ratificó el criterio de Mamani. Explicó que de haber adulteración o falsificación de registros la responsabilidad recae en las personas individualizadas y no a un colectivo.

Alave señaló que hasta horas de la tarde no había llegado a la Fiscalía de La Paz ninguna denuncia de registros fraudulentos, pero de hacerlo el Ministerio Público investigará para individualizar a los responsables.         

La polémica surgió porque varias personas denunciaron que aparecieron como militantes de partidos políticos, pero sin su consentimiento. El vocal Mamani indicó que hasta la tarde de este martes ya había más de 100 ciudadanos que hicieron una presentación ante el Órgano Electoral por este tema.

La autoridad electoral sostuvo que es el propio ciudadano que debe reclamar cuando considera que sus datos se usaron indebidamente, aunque el TSE también hará conocer a la justicia ordinaria en caso de que se verifiquen registros fraudulentos.

Recordó que los ciudadadanos pueden renunciar a la militancia, pedir la anulación de su registro e incluso pedir la restitución de su inscripción si es que se anotaron en un partido y no aparecen registrados. Esos trámites se hacen en las oficinas del Órgano Electoral, en cualquier región.

Aclaró que esos trámites no tienen costo, y que solamente se cobraría 30 bolivianos en caso de que la persona requiera un certificado de no militancia.