Recordar que la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia junto a la Fundación de los Derechos Humanos serán participantes de la audiencia pública, que se realizará en la sede de la CIDH en Washington, respecto al tema de la reelección en Bolivia.

“En esta audiencia le vamos a pedir a la Comisión Interamericana que con carácter de urgencia pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva que de una vez por todas aclare si es cierto lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional de que la reelección es un derecho humano protegido por el Pacto de San José de Costa Rica”, indicó Cuéllar.

Señaló que la Comisión no decidirá nada sobre la cuestión de fondo, es decir la reelección, sino escuchará los argumentos de la parte demandante y del demandado (Estado Plurinacional) para luego, en un plazo no definido, determinar si accede al pedido de hacer la consulta a la Corte Interamericana o rechaza la solicitud.

“Nosotros queremos que a Corte, que es el intérprete final de la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida también como Pacto de San José de Costa Rica), sea quien dé su palabra autorizada, porque la opinión consultiva de la Corte es de cumplimiento obligatorio para todos los países miembros. El Estado boliviano no podría desatender una opinión consultiva de la Corte”, explicó Cuéllar.

Añadió que si la Corte señala que la reelección indefinida no es un derecho humano, el Tribunal Constitucional tendrá que modificar su sentencia o retirarla.

Pero qué sucede si ese pronunciamiento de la Corte llegara después de que Evo Morales fuera elegido Presidente una vez más, el representante de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia respondió que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene mecanismos para hacer cumplir las disposiciones de la Corte Interamericana.

“El Consejo Permanente de la OEA toma conocimiento de la negativa de un país de someterse a lo dispuesto por la Corte y analiza y delibera las sanciones que puede imponer a ese país”, indicó.

El referéndum es acto originario

Rubén Darío Cuéllar asegura que ninguna normativa puede tener la facultad de interpretar o dejar sin efecto la decisión de los ciudadanos, luego de haber sido consultados a través de un referéndum.

“El referéndum como un acto originario no admite interpretación, no admite norma jurídica alguna que se contraponga a esa voluntad. (…) Esos señores del Tribunal Constitucional, mañudeando, interpretando erróneamente, han suplantado lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención dice que ante cualquier duda de uno de sus artículos es la propia Corte la que tiene que interpretarlo. (…) Se arrogan un papel que no tienen”, manifestó.

Cuéllar fue prefecto del Departamento de Santa Cruz durante el gobierno de Carlos De Mesa. Fue además asambleísta por Podemos y jefe de bancada en la Asamblea Constituyente, instalada en 2006.