Diferentes estudios sobre el tema muestran cómo el dinero oscuro (dark money) puede promover o destruir candidatos. Lo hace a través del uso bien planificado y financiado de una serie de técnicas de desinformación, en especial el uso extendido de las llamadas fake news (noticias falsas) y diferentes recursos para viralizarlas. El efecto electoral es terrible. Baste mencionar el enorme operativo de propaganda ilegal a favor de Bolsonaro mediante grupos de WhatsApp, con mensajes plagados de mentiras.

En Bolivia, si bien el uso estratégico de plataformas virtuales para fines de campaña fue importante en los comicios generales de 2014, en rigor la utilización ampliada de redes sociales digitales, y sus consecuencias, se registró en el referéndum constitucional de 2016. No es casual que el resultado haya sido atribuido, por voceros del oficialismo, a “las mentiras difundidas por las redes”. Y no extraña la creencia, como alerta, de que la “guerra digital” puede hacer ganar (o perder) elecciones.

En ese horizonte se sitúan y entienden las acciones impulsadas por diferentes contendientes de los comicios presidenciales del próximo año para formar sus propios “guerreros” o “defensores” que intervendrán en la anunciada batalla digital. Está claro que, más allá de la disputa cotidiana en las redes a cargo de ciudadanos y adherentes (usualmente plena de insultos y descalificaciones), los actores políticos quieren contar con militantes (o funcionarios) especializados y concentrados en el asunto.

Ahora bien, a reserva de los aprestos para afrontar la anunciada batalla virtual en los comicios de 2019, es importante plantear algunas prevenciones. Si asumimos, de manera realista, que en las redes digitales circularán muchas “noticias basura”, ¿qué hacer para contrarrestar sus efectos nocivos en el proceso electoral? Además de mínimos reglamentarios sobre contenidos promocionados, serán fundamentales iniciativas de comprobación de datos desde la sociedad civil. Hay buenas prácticas al respecto.