Más allá de juzgarlos o no, habrá que ver si la retardación de justicia tiene que ver con decenios o años, cuántos jueces están en la cárcel, cuántos corruptores pudieron denunciar a los jueces, si se atrevieron desde adentro a desenmascarar a las redes de extorsión y aunque a muchos les duele, es necesario emplear mecanismos de comparación para saber si se mejoró o no.
Hacer notar que las altas autoridades de la magistratura boliviana no resuelven todo desde el inicio, sino se llega a ellos habiendo agotado las otras instancias. Por tanto, los problemas señalados debieron haberlos encarado desde el servidor que está en ventanillas o al ingreso de los tribunales. 
Por otro lado, las normas prevén procesos más ágiles, pero la protección a jueces sanos no se ha debatido y normado; debería dárseles la potestad de denunciar a corruptores y es una señal que falta hacer, así como recuperar los valores que harían reducir los índices de criminalidad y juicios por todo y nada. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, en su informe de vísperas, da cuenta que en su competencia y atribución de ser la última instancia, alcanzaron a resolver el 94% de causas que estuvieron desde 1996, y ¿cuál será el avance en cada juzgado? 
Seguro hay más interrogantes como reflexiones, pero el desafío sigue siendo aprender a vivir bien, lo que haría prescindir de una institución que tenga que conocer las miserias humanas, porque simplemente la humanidad conviviría civilizadamente.