Si hay algo que el régimen tratará de consumar a toda prisa y a cualquier precio –no me refiero ahora a su anticonstitucional estrategia reeleccionista- es derribar cuanta barrera se oponga a sus planes de desguarnecer, abrir y, en lo posible, desmantelar los límites de las reservas naturales, parques nacionales y territorios indígenas. 

 Combina para ese objetivo el abandono deliberado de sus obligaciones y responsabilidades con el estímulo, apenas solapado, del ingreso y consolidación de ocupaciones ilegales por parte de empobrecidas familias campesinas y de grupos de mineros informales, en algunas de estas áreas. En otras simplemente abdica de sus obligación mantener nuestra soberanía y seguridad, persiguiendo, verídica y consistentemente la implantación de otras actividades ilícitas, como la fabricación y refinación de los derivados ilegales de la coca.

 En el TIPNIS está ocurriendo precisamente esto último porque a la persistente presión que se ejerce desde el Conisur para extender los cultivos de coca, se agrega el práctico repliegue del patrullaje y la fiscalización en los márgenes de este territorio, lo que, de hecho, lo entrega a la “soberanía” y arbitrio de bandas delictivas que controlan los ríos, abriéndolos a la explotación inmisericorde de las reservas de peces; lo que también se extiende a la ampliación de la tala para saquear los bosques y a la caza indiscriminada.  

 Pobladores de la región dan testimonio confidencial de lo que está pasando, pero muy pocos se atreven a decirlo en voz alta, aterrorizados por la posibilidad de represalias de las bandas y del propio Estado, considerando que ha utilizado toda su fuerza para imponer su decisión de construir la carretera demandada por colonizadores y cocaleros. Estos actores pretenden asumir el control total de este territorio de 1.200.000 hectáreas para diversificar sus capitales, obteniendo, primero, grandes ganancias con el despojo forestal y la ampliación del mercado de tierras, en el que, luego, se proponen diversificar sus actividades con cultivos agroindustriales, ganadería, comercio y transporte.

 El Vice, que después de tanto insistir con su frasecilla de no somos guardabosques, repetida ahora por el Presidente, es la voz cantante del proyecto de destrucción de lo que debe ser la base de nuestra nueva economía al condenar a la extinción a  nuestro patrimonio natural, con una penosa mezcla de ignorancia y malicia, según la cual no hay problema en deshacerse de estas nuestras reservas de agua, oxígeno, bosques y biodiversidad porque son un invento de  gringos y dictadores. 

 Tal perspectiva se asimila perfectamente a la explicación oficial -también ideada desde la Vicepresidencia- de que serían grandes madereros y ganaderos los que se opondrían a la carretera a través del TIPNIS, omitiendo que son exactamente esos los sectores que impulsan carreteras para mover su producción, ampliar sus operaciones y multiplicar sus ganancias. 

 El Madidi soporta desde hace años la presión de cooperativas mineras y colonizadores que plantean -con respaldo explícito del sindicalismo campesino, que es el soporte fundamental del régimen- que se reduzca o, mejor que se eliminen parques y reservas para que  puedan usufructuarlos sin restricción, aunque eso  conduzca a su rápida destrucción. Con el Madidi y Pilón Lajas (situado en la ribera de enfrente del río Beni) la amenaza se extiende a la reserva de vida silvestre amazónica del Manuripi-Heath, ya prácticamente condenada por el diseño de la carretera que habrá de dividirlo.

 En la Chiquitania, la resistencia social ha frenado de momento la colonización de parte del bosque, por los destacamentos azuzados por acción y omisión del Estado. Este freno ha sido posible por lo cercano de los avasallamientos a centros poblados, pero en nuestros grandes parques, reservas y territorios indígenas eso es excepcional. 

 La distancia y el silencio tienen que romperse -como ha ocurrido con la reserva de Tucavaca- en el Madidi y el TIPNIS, con una vigorosa y continua movilización social que advierta a los que hacen, y  también a los que callan interesadamente, que no permaneceremos impasibles a la liquidación de nuestro patrimonio natural y las reservas estratégica para construir nuestro futuro.

Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.