Desde tiempos inmemoriales, la reelección con aspiraciones dictatoriales a un cargo público elegible (preferentemente la Presidencia de un país) quiere ser interpretada como un “derecho humano” supuestamente porque esa intención está por encima de la Constitución y da prelación a las convenciones internacionales; en el caso que nos ocupa, por el Pacto de San José. Los dictadores u otros gobernantes autócratas creen haber sido “iluminados” y predestinados para gobernar para siempre sus países.

Ahora que está cercana la fecha en que se conozca la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la demanda planteada por la oposición boliviana en contra de la reelección indefinida, el tema se actualiza nuevamente en el escenario político nacional, muy a pesar del Gobierno y sus adeptos, quienes quieren borrar cualquier vestigio de protesta a favor de los resultados del 21F.

 Ambos gobernantes no quieren otra cosa que permanecer indefinidamente en el poder, a pesar de que todos los principios y reglas democráticas nacionales (CPE) e internacionales (las Cartas de la OEA y de la ONU, todas la convenciones internacionales, incluyendo la Carta Democrática de la OEA y el Pacto de San José) disponen la alternabilidad en el ejercicio del poder como condición sine qua non para la democracia.

Es previsible que la CIDH se pronunciará en contra de la presunción (ilegal) de que la dictatorial reelección indefinida sea entendida como derecho humano de nadie. La interpretación antojadiza del parágrafo 2 del Artículo 23 del Pacto de San José, el cual  señala que “todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos en elecciones periódicas auténticas”, lleva en sí misma el nacimiento muerto de la non sancta intención de que una convención internacional pueda dar prelación al derecho humano de casi 11 millones de bolivianos, de elegir a un presidente en forma periódica y alternativa, frente a la decisión unipersonal de alguien que decidió por sí mismo que “tiene derecho” a ser presidente para siempre.

La reelección tiene muchos aspectos, pero el más importante es el legal,  porque no sólo existen los pronunciamientos de la prestigiosa Comisión de Venecia, el Secretario General de la OEA y otras instancias internacionales que desechan el presunto “derecho humano” a la reelección indefinida, sino sobre todo porque el fallo del TCP va en contra de la CPE, la cual  prohíbe la reelección indefinida. 

 También está en contra de la jerarquía de las normas constitucionales establecida en el artículo 410 parágrafo II, el cual señala que la Constitución está en primera instancia y tiene prioridad frente a convenios internacionales, como el Pacto de San José. En otras palabras: los magistrados del TCP invirtieron inconstitucional e ilegalmente dicha jerarquía; por lo tanto, “secuestraron” la voluntad mayoritaria y el derecho humano de todos los bolivianos.

La CIDH tiene la capacidad y la obligación legal y moral de rechazar la interpretación oscurantista de la Convención Americana de DDHH porque, entre otros argumentos, es universal el principio que establece que el derecho propio termina donde empieza el derecho ajeno, y que la libertad de otro es el límite de nuestra libertad. Ergo, el derecho de los actuales gobernantes a la reelección termina donde empiezan los derechos de 11 millones de personas que poseen el derecho humano a elegir presidentes en forma periódica y observando alternabilidad.

O es que presuntamente el “derecho humano” de una persona tiene prioridad sobre los derechos humanos de todo un pueblo. ¿Será que el Presidente está pensando que pertenece a una “superraza” con todos los derechos, similar a la que pensaban los nazis de la raza germánica? Ojalá que no, porque del autoritarismo al Holocausto y al exterminio masivo hay un paso, y ese paso deseamos que nadie lo dé.

La CIDH tiene la palabra y aunque su fallo o decisión no sea “vinculante”, la fuerza moral, integral e internacional que tiene le dan autoridad para que esa decisión sea un golpe demoledor a las ambiciones autocráticas gubernamentales y un espaldarazo a los defensores del 21F, y será un apoyo decisivo a la voluntad popular de las fuerzas democráticas nacionales, porque todos sabemos dónde empieza una dictadura, pero casi nadie sabe dónde y cómo terminan. 

Quiero recordar a los reeleccionistas que el último dictador, el general Luis García Meza, pocos días después de haber asaltado el poder, el 17 de julio de 1980, declaró que iba a gobernar 20 años, pero la fuerza de la democracia, y de la mayoría de los bolivianos, determinó que el dictador militar apenas llegara a un año de ejercicio arbitrario, déspota, ilegítimo, ilegal, y tiránico del poder, tal cual se pretende ahora reeditar. Al final de cuentas, la historia nos ha enseñado que sólo el pueblo salva al pueblo.

Iván Camarlinghi es periodista y diplomático.