De los 20 candidatos habilitados a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 14 son o fueron funcionarios públicos y registraron un patrimonio que va desde los 13.000 bolivianos hasta el millón de bolivianos, según datos publicados por la Contraloría General del Estado (CGE).
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El plazo para presentar impugnaciones es hasta el 22 de noviembre, según el reglamento. Los inhabilitados y cualquier ciudadano puede presentar ese recurso.
De los 20 candidatos habilitados a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 14 son o fueron funcionarios públicos y registraron un patrimonio que va desde los 13.000 bolivianos hasta el millón de bolivianos, según datos publicados por la Contraloría General del Estado (CGE).
El fin de semana, la Comisión Mixta de Constitución revisó la documentación de 35 profesionales que se registraron como postulantes. Del total, 15 quedaron inhabilitados y 20 continúan en carrera.
La Asamblea Legislativa debe completar hasta diciembre las acefalías en el Órgano Electoral. Tiene la tarea de elegir a un vocal titular y a seis suplentes.
De los 20 habilitados, 14 son o fueron funcionarios públicos de los órganos Ejecutivo, Judicial, de municipios, de la Cámara de Diputados y también del Ejército de Bolivia; y uno de ellos tiene un patrimonio que es de hasta un millón de bolivianos (ver infografía). El resto de los postulantes (seis) no figuran como servidores públicos.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), el diputado Gonzalo Barrientos, anunció que impugnarán “a varios postulantes”, porque considera que tienen afinidad política con el partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
De acuerdo con el reglamento de designación para completar acefalías en los cargos de vocales del TSE, “una vez publicada la lista de postulaciones habilitadas, se establece un periodo de cuatro días calendario para la impugnación de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas”.
En ese marco, el plazo para presentar impugnaciones se cumple el jueves.
“Vamos a presentar las impugnaciones necesarias”, dijo Barrientos, quien agregó que su bancada rechaza todo el proceso de selección, porque el MAS pretende elegir a vocales que trabajan en entidades del Gobierno, rompiendo el principio de imparcialidad e independencia que exige la Ley del Órgano Electoral.
El presidente de la comisión que lleva adelante la evaluación, el senador Ciro Zabala, aseguró que todo el proceso es transparente y “no se elegirá a dedo ni por manazo” a los vocales.
Asimismo, explicó que los inhabilitados y cualquier ciudadano pueden impugnar.
“Los profesionales que sientan que su inhabilitación no fue correcta pueden impugnar ante la comisión”, indicó la diputada Mireya Montaño, del MAS.
“Por ahí un ciudadano conoce algo de un postulante y considera que debe ser excluido del proceso, puede impugnar adjuntando todas las pruebas”, agregó Zabala, quien anunció que la comisión resolverá todas las observaciones hasta el lunes 26 de noviembre.
De acuerdo con una nota de prensa de la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa prevé elegir a los vocales hasta el 3 de diciembre y el acto de posesión se realizará el día siguiente.
