Aún predominan los funcionarios públicos como aspirantes a una vocalía titular y seis suplencias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aspecto que era incompatible; pero fue eliminado al aprobarse la Ley 365 que modifica el parágrafo 3 del Reglamento para la Elección de Vocales. En consecuencia, el ciudadano puede ser funcionario público y a la vez vocal suplente y estos podrán ser convocados por Sala Plena del TSE cuando se los necesite.

De los veinte postulantes habilitados trece trabajan en la administración pública, lo cual indica que podrán seguir ejerciendo funciones públicas si logran ser designados como vocales suplentes. Los casos de Magdalena Alanoca que trabaja en el Consejo de Magistratura o Irma Villavicencio, vocal de la Sala Civil de la mujer y de familia en Santa Cruz, son casos específicos.

El caso del postulante Santos Benito Chui Torrez que es funcionario de la Cámara de Diputados, el postulante Corsino Huallata Ibarra que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el postulante Juan Alfredo Quispe Rodríguez, actual fiscal investigador disciplinario en la ciudad de Sucre, son casos cuestionados por el asambleísta de oposición Luis Felipe Dorado.

Este proceso que arrancó después de la promulgación de la Ley 365, el primero de noviembre, fue sujeto de críticas por el diputado de oposición quien dijo que este proceso de designación de vocales suplentes y un vocal titular, para llenar acefalías del TSE, con vocales afines al Gobierno y así asegurar la candidatura trucha.

“Este tema es justamente para habilitar a Evo Morales en las próximas elecciones, siendo de que va en contra de la CPE, en contra del referéndum del 21-F, porque no existe democracia es un antidemocrático lo que están haciendo” señaló Dorado.