Pocas veces había leído una imputación tan novelesca y rocambolesca. Está redactada a medida de una mente malvada porque no busca la verdad material, sino la crea para cumplir una orden perversa: encarcelar al dirigente cocalero que osó mirarle a los ojos al “hermano Presidente”.

Horas después del enfrentamiento entre un grupo de productores de coca y fuerzas erradicadoras en La Asunta, sucedido el pasado 24 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó de la lamentable muerte de un policía y de siete heridos a Franclin Gutiérrez López, presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), y a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). 

La acusación fue, en realidad, una orden a la Fiscalía, que no se animó a acatar la instrucción contra Carvajal porque ya hubiera sido demasiada ciencia ficción y de terror. Pero sí la cumplió contra Gutiérrez y armó la “teoría probatoria” a solicitud del poder. 

Si la Fiscalía hubiera sido independiente, hubiera rechazado la denuncia del Ministerio de Gobierno. Y si hubiera recuperado su autonomía con el nuevo fiscal General, Juan Lanchipa, hubiera retirado su imputación. 

Pero como esa realidad sólo es posible en un país democrático y no en un Estado totalitario, sigue acatando la orden.

La imputación dice que la responsabilidad penal de Gutiérrez “responde al delito de asesinato como instigador con respecto al fallecimiento de la víctima y como instigador en grado de tentativa respecto a los heridos”. Se respalda en tres recortes de periódico:

Página Siete, 21/08/2018: “Gutiérrez señaló que por decisión de ampliado se decidió dar plazo hasta el viernes 24 de agosto a la FTC para que abandone los Yungas y desde el viernes no se hacen responsables de lo que pueda pasar”. La Razón, 21/08/2018: “El presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, manifestó que no se harían responsables del ingreso de los efectivos policiales abusivos” .

Los Tiempos, 22/08/2018: “El dirigente Franclin Gutiérrez de Adepcoca dijo que la región determinó dar un ultimátum hasta este viernes 24 de agosto para que las fuerzas de tarea conjunta abandone la zona cocalera”. 

Ese tipo de declaraciones (advertencias, ultimátums, amenazas, plazos) son parte de la ritualidad verbal sindical. “El hermano Presidente”, cuando sólo era dirigente, era un maestro en esta retórica, y los gobiernos neoliberales nunca lo encarcelaron, ni siquiera cuando sus bases cometieron, en octubre de 2000, el atroz asesinato de los esposos Andrade y de dos policías.

En ese trágico caso, la testigo Nancy Fernández aseguró, en 2003, que el entonces dirigente Evo Morales ordenó esas muertes. Esta versión fue ratificada, en agosto de 2016, por el mismo mentor del “hermano Presidente”, Filemón Escóbar, que dijo: el asesinato de los Andrade se resolvió en Villa Tunari, en una reunión de más de 200 personas, presidida por Morales y Margarita Terán.

En el caso de Gutiérrez no hay un solo testigo. Por el contrario hay tres, entre ellos el periodista Rubén Araníbar y el dirigente José Luis Layme, que aseguran que no vieron a Franclin durante ese día instigar ni dirigir un operativo contra policías. El tercer testigo, que pidió reserva de fuente, declaró el 22 de octubre que vio quién disparó contra el teniente Daynor Sandóval y aseguró que Franclin es inocente. Hasta la fecha, la Fiscalía no convocó a ninguno de estos testigos. 

La imputación dice también que Gutiérrez portaba explosivos que “habrían sido usados contra los policías”. Ni Araníbar ni Layme vieron esas explosiones, por lo que deduzco que es resultado de la imaginación gubernamental, que también “teorizó” sobre la presencia de “súbditos colombianos contratados”. 

En verdad, Gutiérrez está en la cárcel por haber osado mirar a los ojos a Morales en diferentes reuniones y por otras tres razones: 1) por haber anunciado, en mayo pasado, que erradicará la coca del Chapare si llega al Gobierno; 2) por haber señalado que los reyes del narcotráfico están en el Chapare; y 3) por haber dicho que la coca del Chapare se va al narcotráfico. 

“El hermano Presidente”, que es la ley y el Estado, no perdona las palabras que lo queman. Franclin Gutiérrez López es preso político.

Andrés Gómez Vela es periodista