Donde uno pone el dedo salta pus. El partido de gobierno junto a sus militantes y personas que siempre medran del poder, han montado una estructura de corrupción con el fin de asaltar el erario público como nunca antes se lo había hecho. 

 “Antes robaban, pero estos son doctores en ser sinvergüenzas y en haber montado un  gobierno de ladrones (cleptocracia)”, es la expresión más común que usted escuchará entre la gente. Inclusive entre masistas periféricos. 

 Cuando digo gente que siempre ha medrado del poder, me refiero a esos personajes que tienen la cara dura (ubicuidad, le llaman otros) de estar siempre disfrutando de las mieses del poder: ya con el MNR, ya con ADN o ya con el MAS. Son esos oscuros “empresarios” cuyo lema es: “pasan los gobiernos, nosotros quedamos”. De estos sinvergüenzas, en este gobierno del “proceso de cambio”, sin mucho esfuerzo, usted encontrará miles. Al respecto, una sola preguntita, ¿sabe quién construyó el carísimo mamotreto llamado Casa del Pueblo? ¿De quién es la empresa?

Por otro lado, conforme pasan los días, nos vamos enterando algo que siempre lo habíamos advertido, pero que los “masistas de conveniencia”, hoy grandes opositores,   nos refutaban señalando que no se debería ir contra la nacionalización porque era lo mejor que había hecho Evo Morales. Pues, como decía, hoy los bolivianos y bolivianas nos enteramos que la tan mentada nacionalización fue y es un bleff, una parafernalia para encandilar a incautos (incas con auto). Un negociado en el que se han amasado millones de dólares.

Todos los actos de corrupción que nos hemos venido enterando son filtrados por ciudadanos conscientes que se asquean al ver cómo los detentadores del poder sólo se enriquecen sin importarles el bien común. Sin estos ciudadanos y ciudadanas asqueadas de las mentiras del gobierno Carlos Mesa estaría en la cárcel. Gracias a gente con sangre en la cara es que el señor Mesa recibió información vital para que el caso Quiborax en vez de hundirlo sea otra catapulta para su candidatura y se vuelva contra el propio gobierno, que creyó, erróneamente, haber encontrado la criptonita contra el ilustrado portavoz marítimo.

También es el reciente caso del INRA, en el que gracias a información de valientes ciudadanos cruceños nos enteramos que la principal institución encargada de regular el tema de tierras en Bolivia había sido convertida en una inmobiliaria para dotar (vender) tierras en áreas protegidas y parques nacionales, como si Bolivia fuera su hacienda. 

 Lo de Roboré, referido a la dotación de tierras en la reserva de Tucavaca,   fue noticia nacional porque el pueblo, a base de información filtrada por honestos ciudadanos, se alzó para defender sus pulmones, los bosques, que estaban siendo entregados a militantes del partido de gobierno. Gente valiente  también está denunciando las atrocidades que se cometen en el Parque Nacional Madidi, pero nadie les da bola.

 Y es que mucha gente te dice: si yo hablara vomitarías de lo asquerosa que se ha convertido la administración pública. Quisiera hablar, pero ¿quién me protege? ¿Quién me garantiza que mañana no me pase nada a mí o a mi familia?

 Y es que las redes de corrupción también son redes delincuenciales que tienen esbirros y sicarios dispuesto a cobrar para callar “soplones”. Muchas muertes “raras” que se han dado durante el actual régimen parecieran tener esos orígenes basados en la corrupción y la delincuencia pública. Un coctel que está volviendo a Bolivia un país de forajidos con tal de tener o mantener el poder.

 En este sentido, un grupo de ciudadanos y ciudadanas promoveremos entre los candidatos el compromiso para que entre su prioridad esté la aprobación de la   ley de protección de los denunciantes. Esta ley permitirá que toda persona que conoce y sabe sobre actos de corrupción sea protegida y no tema denunciar. Este compromiso de los candidatos llevará a que miles de ciudadanos que hoy están obligados a trabajar en la administración pública y que saben de actos de corrupción se animen a denunciar a los corruptos.

 Leyes como ésta son las que posibilitaron que las redes de corrupción de Lula y de los Kirchner se descubrieran, y sus protagonistas sean encarcelados o perseguidos. El solo compromiso de aprobar y ejecutar esta ley de protección a los denunciantes animará a que mucha gente se muerda los labios hoy pero el 2020 suelte todo lo que sabe. El proyecto de ley contra los corruptos del proceso de cambio está en elaboración. 

Iván Arias Durán es ciudadano  de la  República  de Bolivia.