Los obispos de Bolivia, conscientes de su misión apostólica a favor de todos los habitantes del país, han expresado que la Constitución Política del Estado y las leyes deben ser respetadas; que todos los aspectos referidos al cumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 deben ser acatados. En pocos días, los prelados de la Iglesia han mostrado estar cada vez más cercanos a los feligreses y a quienes tienen conciencia de sus deberes religiosos y cívicos, como son los componentes de los diferentes credos religiosos en el país.

Dicen los obispos: “La posición de la Conferencia Episcopal es que hay que respetar el referéndum. Como ha dicho Monseñor Juárez, hay que respetar ese referéndum que se hizo en nuestro país”. “El TSE debe actuar en un servicio pleno a la Constitución y a la ley que nos une a todos (…) ojalá no actúe de acuerdo con presiones de nadie, sino actúe en conciencia y en cumplimiento de la Constitución”.

En reiteradas oportunidades la Iglesia Católica hizo conocer su posición de respeto y acatamiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que es decisión del pueblo. Pero, ante las expresiones del Arzobispo de Sucre, Mons. Jesús Juárez, el Presidente de la República expresó: “Quisieron dominarnos con armas, a veces dominarnos con leyes, a veces incluso con la espada y con la cruz (…) ahora un obispo desde Sucre dice 21F, pero él sabe cómo con la mentira, con pocos votos, nos ganaron en el (referéndum del 21 de febrero de 2016) en base a la mentira” (ED 8-XI-18).

Calificar como mentira los resultados del 21F no es justo y así lo reconoció el propio Primer Mandatario luego de los resultados del referéndum. Tampoco se puede creer o sostener que la Iglesia Católica apoye mentiras, porque eso sería contradecir su propio apostolado, que se basa en la verdad y la responsabilidad.

Por otra parte, muchos componentes del partido de gobierno han sostenido: “la Iglesia y los obispos deberían dedicarse a la Biblia y no a la política”. Al respecto, cabe señalar que la misión de la Iglesia, conjuntamente sus obispos, lo que hace es dedicar esfuerzos en pro de los derechos de la colectividad y, por ello mismo, tiene derecho y obligación de denunciar cualquier contravención a la verdad y está en cumplimiento de defender los derechos de todo el país al exigir que se respete y acate la Constitución Política y los resultados del referéndum de febrero de 2016. Eso no es política-partidista ni menos hacer demagogia o populismo; es, simplemente, cumplir con la ciudadanía y velar porque se la respete y considere.

Nadie, pues, por poder que tenga, puede negar autoridad moral a los obispos que defienden al pueblo y sus derechos; no hacerlo sería incumplir con las partes fundamentales de la doctrina cristiana y con todos los principios bíblicos, y las normas morales y cívicas del país.