Al leer la contundente afirmación anterior la reacción típica del masista promedio suele ser: “En todos los gobiernos hubo corrupción”... El detalle es que eso no es completamente cierto. Aunque el MAS ha buscado con lupa y microscopio durante 13 años a los corruptos de gobiernos anteriores, en ese noble esfuerzo ha encontrado pocos casos, por lo que se ha visto obligado a inventarlos, como sucedió con los más de 70 procesos en contra del ingeniero José María Bakovic, a quien acabaron liquidando físicamente con juicios sin respaldo.

 Por el contrario, con el MAS es fácil detectar la corrupción (por lo menos la punta visible del iceberg) porque la soberbia de sus dirigentes es tan grande, que ni siquiera la disimulan. Estos son algunos casos emblemáticos para que no perdamos la memoria.

 Caso uno: El profesor rural Santos Ramírez fue nombrado por su amigo de cama y rancho Evo Morales (con quien compartía incluso un departamento en Miraflores), presidente de la más importante empresa del Estado: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

 El despropósito fue mayor aún cuando el presidente boliviano dictó un decreto que le permitía firmar contratos por decenas de millones de dólares que antes debían pasar primero por la superintendencia de hidrocarburos. Ya sabemos el resultado: Ramírez recibía cuantiosas coimas y una de esas, de 450 mil dólares, de la empresa fantasma Catler fue “volteada” por sus propios cuñados y acabó con en el asesinato de un joven empresario, igualmente corrupto. 

 Caso dos: Las reglas del Fondo Indígena (Fondioc) creado durante la breve presidencia de Rodríguez Veltzé fueron cambiadas por Evo Morales de manera que el directorio compuesto por dirigentes de los “movimientos sociales” fabricados por el Gobierno (para quebrar el sindicalismo boliviano), pudieran recibir en cuentas privadas fondos supuestamente destinados a 153 proyectos productivos. 

 Así se esfumaron 6,8  millones de dólares y se enriquecieron y corrompieron una docena de dirigentes indígenas, mientras que quien los denunció, Marco Antonio Aramayo, lleva más de tres años en la cárcel con una carga de 256 procesos en su contra. Para no creerlo.

Caso tres: La empresa china CAMC con capital boliviano de apenas 17.000 dólares suscribió contratos con el Estado por más de 560 millones de dólares ya que la intermediaria en esos negocios era la amante del presidente Morales y usaba su influencia para que las empresas estatales otorgaran dichos contratos, con coimas entre firma y firma. 

 El hecho de que la señora Zapata esté presa (con un holgado régimen de salidas para ir a la peluquería) no cambia en nada la figura pues la empresa china sigue operando en el país y probablemente otros funcionarios se benefician de sus coimas, más discretas.

 Caso cuatro: El Estado boliviano expulsó durante el gobierno de Carlos D. Mesa a la empresa chilena Quiborax por incumplimiento de contrato. Esta empresa inició un juicio de arbitraje al Estado boliviano, que podía haberse resuelto con un par de millones de dólares pero algunos tenían interés en que la suma creciera para recibir una tajada.  Al final, gracias a los buenos oficios de Héctor Arce, Pablo Menacho, César Navarro, Carmiña Llorenti y Ramiro Guerrero, Bolivia terminó pagando 42,6 millones de dólares. Tajadas van, tajadas vienen. 

 Caso cinco: El pinche Jefe de Operaciones de la agencia del Banco Unión en el pueblo de Achacachi logró robar en efectivo 5,2  millones de dólares en 11 meses. Obviamente no lo hizo solo, porque semejante asalto a un banco perteneciente al Estado boliviano no puede hacerse sin cómplices.  Marcia Villarroel, la persona que denunció la trama de corrupción estuvo presa por haberlo hecho. Es una regla de oro en la corrupta justicia de Bolivia: van presos los que denuncian, no los que cometen los actos criminales. 

 El lector acucioso puede seguir completando los casos de corrupción que son de dominio público. Constan en documentos pero envían en muy pocos casos a los culpables detrás de los barrotes de una cárcel: visas chinas en 2006, Papelbol en 2007 (sobreprecio de 7.4 millones de dólares en maquinaria), el tráfico de franquicias en la Embajada de Bolivia en Buenos Aires y los 33 camiones de Quintana en 2008, las barcazas chinas en 2009 (28 millones de dólares), la red de corrupción en la Aduana y sobreprecio del avión presidencial en 2010, el clan de corrupción en YPFB en 2014, los taladros de YPFB y el tráfico de tierras menonitas por Rogelio Cocarico (hermano del ministro César Cocarico) en 2017, Dircabi, Bolivia TV… y lo que vendrá todavía. 

Lo anterior no incluye los casos de narcotráfico y contrabando en los que han estado implicados dirigentes del MAS. Una historia de no acabar, inédita en Bolivia antes de Evo Morales. Ahora no pueden sino callar, pero con el próximo gobierno dirán que es persecución política…