Muchas veces, en el curso de varios años, los gobiernos del país han tenido conocimiento de que hay explotación ilegal de oro en ríos de la Amazonia; sin embargo, por continuas y enérgicas que hayan sido las denuncias, no hubo preocupación alguna por evitar que buscadores de oro utilicen grandes cantidades de mercurio con la finalidad de “detectar la presencia del preciado metal”.

El mercurio es veneno para todo ser vivo; en consecuencia, no solamente los peces que habitan en los ríos están expuestos sino que al ser pescados y comercializados comprometen seriamente la salud y vida de los pobladores asentados en las riberas de ríos como el Beni o el Madre de Dios y otros muchos con que cuenta la región amazónica. Hace pocas semanas, el Obispo del Vicariato Apostólico de Pando denunció la “intensa explotación de oro en el caudaloso río Madre de Dios, creando una incontrolable contaminación en sus aguas por el uso de mercurio”; dijo que “por lo menos 200 barcazas navegan por su lecho diariamente sin control alguno”.

Esas 200 barcazas logran, al menos, la extracción diaria de 40 gramos de oro cada una y, para ello, utilizan mercurio. Quienes explotan el río Madre de Dios sostienen que “tienen las fichas ambientales, que el gobierno controla que no haya contaminación”. Señala la información: “El descontrol del Estado es tal que la Empresa Boliviana de Oro (EBO) en Riberalta dejó de operar en los últimos años, debido a que los cooperativistas dejaron de vender su producción al Estado en razón a que impuso una sobretasa del 8%, lo que desincentiva sus ventas”. “Hace un mes, EL DIARIO verificó que efectivamente EBO tiene cerradas sus puertas y que no realiza compras del metal precioso para el Estado” (ED 17-8-18).

Según el obispo, “se trata de un serio problema que afecta sobre todo a las comunidades que viven en las riberas de los ríos y, de todas las personas, por lo que debemos estar al cuidado de la naturaleza”. La Iglesia ha mostrado, en forma permanente, los peligros que significan los avances que hay en busca de oro, para la fauna y la flora, para la salud y vida de los pobladores de extensas zonas e inclusive por la contaminación de las aguas para poblaciones grandes por las que pasan los ríos; pero nunca se ha escuchado las prevenciones y alarmas de pobladores y miembros de la entidad católica.

El gobierno tiene la obligación de restablecer el trabajo de EBO y de implantar serios controles en la explotación de oro que, además, solamente beneficia a compradores extranjeros y no favorece al país y menos a las poblaciones aledañas a los ríos de los cuales se saca ilegalmente grandes cantidades del metal. No es correcto y menos responsable dejar esas regiones libradas a la voluntad de explotadores ilegales del metal que, en todo caso, debería beneficiar al país.