“El señor Tuto Quiroga está pensando que está en la época en la que él gobernaba, cuando llamaba por teléfono, cuando enviaba ‘cartitas’ al Órgano Judicial y a la Fiscalía, para que emitan fallos como él quería. Decirle que no funciona así el Sistema Interamericano”, señaló.

Reelección indefinida

Este viernes el ex mandatario solicitó que la CIDH envíe una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para que esa instancia internacional precise si la reelección indefinida es o no un derecho humano.

Cárdenas remarcó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona a través de procedimientos para actuar.

El legislador añadió que las consultas a esa instancia las realiza únicamente el Estado interesado. “En este caso el único que puede hacer consulta, no es el Estado de Brasil, ni de Colombia, no es la Comisión, como señala el señor Jorge Quiroga; es Bolivia, el Gobierno de Bolivia es el único que podría hacer esa consulta”, apuntó.

Y dijo que no se hará la consulta, debido a que se tiene la certeza respecto a lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, referido a los derechos políticos de todo ciudadano.

“Pero no hemos hecho (la consulta) porque tenemos la certidumbre, el Tribunal Constitucional (Plurinacional – TCP) tiene certidumbre, cuando aplica el artículo 23 del Pacto de Costa Rica (…), por eso no hizo la consulta ni se la va a hacer”, sostuvo Cárdenas.

Este viernes Quiroga afirmó que “ser tirano no es un derecho humano”, por lo que si la CIDH resuelve elevar una petición de “opinión consultiva” a la Corte-IDH, esta instancia fallará si la reelección perpetua es o no un derecho humano.

Explicó que efectivamente la CIDH escuchará a dos fundaciones que acudieron a esta instancia y al Estado boliviano, pero no dictará un fallo porque esa no es su competencia, sin embargo puede elevar peticiones o demandas ante la Corte-IDH.

El TCP para avalar la repostulación sin límites de las autoridades electas, entre ellas, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, argumentó que se determinó la “aplicación preferente” del Pacto de San José de Costa Rica por encima de la Constitución Política del Estado.