El Chaco apenas ha iniciado a movilizarse; solo Villa Montes ha acelerado un bloqueo preventivo con relativo seguimiento y nulo éxito en lo que a resultados políticos se refiere; pero ya ha obtenido respaldos desde el nivel central del Estado, que al final es quien ha acabado por cooptar el proceso de la Autonomía Regional para acomodarlo, precisamente, a sus propios intereses políticos. El Servicio Estatal de Autonomías le ha dado la razón a José Quecaña, el ejecutivo regional, que en su afán de zafarse de la espada y la pared sin dañar a nadie y mantener cierto liderazgo que le permita exigir su continuidad en 2020, ha conseguido un informe jurídico que detalla los antecedentes del 45 por ciento y los instrumentos jurídicos que lo contemplan, que no solo es la Ley 3038 sino también los Estatutos Departamental y Regional y la propia Ley que contempla la transferencia de competencias a la Región Autónoma y que se cerró hace apenas cinco años.

El 45 por ciento, por tanto, es un Pacto Fiscal Departamental y no se trata de un acuerdo escrito en piedra, pero sí de un consenso que en el momento más delicado de la historia departamental y la más breve historia autonómica, logró el objetivo mínimo del acuerdo sobre el que construir un futuro compartido. Nadie debe olvidar que el 45% y la Autonomía Regional evitó la deriva hacia el “décimo departamento”, que no es un fantasma al que agitar en tiempos de populismo, sino una aspiración legítima de autogobierno.

Mientras tanto, los promotores no se conforman y ponen en cuestión el respaldo del Gobierno a la “inviolabilidad” del 45%, evidenciando que el asunto se ha elevado ya a una cuestión de decisión del propio Evo Morales, donde unos y otros chantajean con el impacto político.

La pelota está ahora en el tejado de la Asamblea Legislativa Departamental – de aplastante mayoría del MAS – que para variar no sabe qué hacer con ello ni como priorizar el interés departamental al de su propio partido, que dicho sea de paso, nunca ha gustado de la autonomía. Los siguientes pasos, con probabilidad, pretenderán retratar a la Gobernación para sumar ruido político sin que ningún asambleísta, y menos su presidente, sepan qué hacer con cualquiera sea la respuesta.

El departamento no necesita más chicanas, sino profundizar en un modelo de desarrollo departamental, compartido por los actores y entendida por los municipios. El departamento no necesita cuartear el presupuesto en pedazos pequeños para alimentar estructuras duplicadas y en competencia realizando los mismos proyectos; sino entender el desarrollo en un conjunto complementario.

El departamento necesita un pacto, por cierto más ambicioso del que hasta ahora nos han prometido los políticos de todos los colores. Necesita fijar un objetivo común, fijar las prioridades y en base a eso, definir que recursos fiscales se invertirán en unas y en otras. Lo menos importante  debe ser quién los va a administrar.